El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó a ministros y altos funcionarios de más de 60 países a una reunión el 16 de julio en Washington, con el objetivo de coordinar una respuesta internacional frente a lo que la Administración de Donald Trump define como un “resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”.
La cita, organizada por el Departamento de Estado, incluye a la mayoría de las naciones europeas, los principales países de América Latina y varios estados asiáticos, como India, Indonesia y Singapur.
Según documentos revisados por The Washington Post, la invitación fue enviada con poca antelación y exige una rápida confirmación.
La iniciativa ha generado desconcierto entre varios gobiernos europeos. Diplomáticos consultados por el diario estadounidense aseguraron que no consideran a los grupos violentos de izquierda una amenaza prioritaria en sus países y cuestionaron las razones para participar en una reunión con objetivos poco claros.
Uno de los funcionarios afirmó que en su nación “no existe antifa”, mientras otro señaló que sus autoridades no han concentrado recursos en el terrorismo de izquierda.
Varios gobiernos adelantaron que sus ministros de Exteriores o Interior probablemente no asistirán por el calendario diplomático y el escaso margen para organizar el viaje.
La reunión ocurre después de dos intentos previos de Washington por conseguir respaldo internacional para esa estrategia. Un encuentro celebrado a finales de mayo en Países Bajos tuvo poca acogida. Una segunda cita realizada en junio en Washington también fue descrita como un fracaso por medios estadounidenses.
El asesor antiterrorista Sebastian Gorka ha discutido la posibilidad de utilizar designaciones reservadas para organizaciones terroristas extranjeras con el fin de investigar a estadounidenses vinculados al movimiento.
Esa clasificación permitiría aplicar herramientas de vigilancia, aunque expertos advierten que sería difícil justificarla si el grupo tiene presencia doméstica.
Un funcionario de la Administración Trump alertó que esa política podría crear un precedente para que un futuro gobierno demócrata utilice las mismas facultades contra organizaciones conservadoras. Pese a esas objeciones, Gorka y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, respaldan una línea más dura.
Especialistas citados por The Washington Post consideran que el Gobierno podría estar subordinando la inteligencia a intereses partidistas. Colin P. Clarke, del Soufan Center, afirmó que la estrategia concentra la atención en una parte limitada de las amenazas y deja fuera otros riesgos con mayor capacidad letal.
La propia estrategia antiterrorista de la Administración, publicada en mayo, promete impedir el uso partidista de las capacidades de seguridad nacional. Sin embargo, varios funcionarios consideran que la reunión convocada por Rubio pone a prueba ese compromiso, mientras el Departamento de Estado no había respondido públicamente a las críticas.
