La economía de Estados Unidos enfrenta nuevas presiones inflacionarias desde este viernes 24 de julio, tras la entrada en vigor de aranceles impulsados por la administración de Donald Trump sobre importaciones de más de 60 países. Los gravámenes buscan proteger la industria nacional y combatir prácticas comerciales consideradas desleales, pero podrían elevar los costos para empresas y consumidores.
Las nuevas tarifas consultadas por Asere Noticias establecen tasas del 10% y del 12,5% para productos procedentes de Canadá, México, países de la Unión Europea y otras economías de Asia y América Latina. Las medidas se suman a un arancel del 50% anunciado para diversas mercancías canadienses.
Economistas consultados por The New York Times advirtieron que la política comercial podría trasladarse a los precios durante los próximos meses. La situación se complica por el encarecimiento del petróleo y las tensiones en Oriente Medio, factores que también presionan la inflación estadounidense.
Los aranceles son pagados por las compañías que importan las mercancías, no por los gobiernos extranjeros. Para recuperar esos gastos, las empresas suelen aumentar el precio final de los bienes. El efecto podría alcanzar alimentos, electrodomésticos y otros artículos de consumo cotidiano.
La Casa Blanca sostiene que los gravámenes permitirán enfrentar prácticas vinculadas con el trabajo forzado y fortalecer la producción estadounidense. Sin embargo, especialistas señalan que una parte importante de la carga económica podría recaer sobre los hogares, como ocurrió con medidas similares aplicadas durante 2025.
Ese año, los residentes en Estados Unidos enfrentaron aumentos de precios de hasta un 15% asociados con los aranceles. La nueva ronda de impuestos a las importaciones constituye otro paso dentro de la estrategia proteccionista promovida por Trump desde el inicio de su segundo mandato.
La administración recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para mantener su programa arancelario, después de que tribunales federales limitaran una parte de las tarifas impuestas mediante poderes de emergencia. Trump también advirtió sobre posibles medidas adicionales contra la Unión Europea y otros socios antes de terminar el año.
El endurecimiento comercial ocurre cuando la inflación continúa por encima de la meta de la Reserva Federal. En junio, los precios al consumidor registraron un aumento interanual del 3,5%, frente al objetivo oficial del 2% establecido por el banco central.
Al mismo tiempo, el mercado laboral mantiene señales de fortaleza y varios analistas proyectan un crecimiento económico cercano al 2,3% durante este año. No obstante, el alza de los precios y la incertidumbre internacional podrían reducir el poder adquisitivo de los consumidores.
El precio del petróleo constituye otro riesgo. Su incremento responde a las tensiones generadas por los ataques de Estados Unidos contra Irán, pese a que ya se había firmado un acuerdo. Consultoras financieras estiman que un barril sostenido en 100 dólares encarecería la energía, el transporte, la industria y la distribución.
Goldman Sachs advirtió que ese escenario afectaría tanto los combustibles como otros sectores económicos. Moody’s Ratings también señaló que la volatilidad de los mercados energéticos podría continuar durante el resto del año y dificultar una reducción sostenida de la inflación.
Un cálculo preliminar del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale estima que las medidas comerciales de Trump podrían costar a cada familia unos 1.100 dólares adicionales al año. La combinación de importaciones más caras, energía costosa e incertidumbre internacional aumenta la presión sobre la Reserva Federal, que deberá decidir si mantiene las tasas de interés o adopta nuevas acciones contra la inflación.
Efectos sobre el mercado inmobilirario
El mercado inmobiliario también podría resentir el efecto de los aranceles. El aumento del costo de materiales importados, como acero, aluminio, madera, electrodomésticos y componentes para sistemas eléctricos, elevaría los gastos de construcción y remodelación. Las empresas constructoras podrían trasladar parte de ese incremento al precio final de las viviendas, lo que dificultaría el acceso a una propiedad para familias que ya enfrentan hipotecas elevadas.
La persistencia de la inflación también podría retrasar una reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Ese escenario mantendría caro el financiamiento hipotecario, limitaría la capacidad de compra y reduciría la demanda de viviendas. Al mismo tiempo, los propietarios con préstamos antiguos y tasas más bajas tendrían pocos incentivos para vender, lo que prolongaría la escasez de inmuebles disponibles y mantendría la presión sobre los precios.
