Fernando Fuertes Muñoz, un cubano de 33 años que llegó legalmente a Estados Unidos en 2022 con un permiso I-220A, fue detenido el pasado 4 de agosto por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a la salida de su audiencia de asilo, y enfrenta riesgo de deportación.
El arresto, ocurrido en el tribunal tras la desestimación de su caso, refleja el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, que están afectando también a quienes entraron de forma legal y permanecían a la espera de una resolución judicial.
Desde entonces, Fuertes se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, mientras su familia, que reside en La Habana, asegura que su situación es crítica.
Su hermana Milena Fuertes advierte que, de ser deportado, Fernando podría enfrentar represalias en Cuba por los problemas que tuvo con el Gobierno antes de emigrar.
“¿En qué va a trabajar aquí?”, se pregunta, mientras pide apoyo económico a la comunidad para cubrir los gastos de la abogada que defiende el caso.
La mujer lanzó una campaña de recaudación y asegura que “no importa si es un peso. Lo vamos a agradecer todo por igual”.
El proceso legal de Fuertes sigue en un punto de incertidumbre. El viernes posterior a su arresto se sometió a una entrevista de “miedo creíble”, pero fue rechazada por un agente de ICE.
Su defensa interpuso una apelación al día siguiente, sin que hasta ahora haya respuesta. La decisión sobre el futuro de los portadores de la I-220A, un estatus migratorio que mantiene a miles de cubanos en un limbo, podría conocerse en enero de 2026, cuando se defina si este documento es considerado un parole.
De ser así, muchos tendrían la opción de acogerse de inmediato a la Ley de Ajuste Cubano. Mientras tanto, Fernando permanece bajo arresto y el tiempo corre en su contra, en un contexto en el que las políticas de Trump amenazan con endurecer aún más la situación de los migrantes latinos en EEUU.
El caso de Fuentes aparece en este marco de incertidumbre extrema: había recibido una condición legal precaria (I-220A) mientras esperaba resolver su estatus migratorio.
Bajo el clima actual, esa condición puede ser revocada, dejándolo en riesgo real de deportación incluso si cumple con sus audiencias.
Las políticas actuales reflejan una clara tendencia hacia la eliminación de protecciones y flexibilidades migratorias, afectando especialmente a personas que ingresaron legalmente bajo condiciones específicas.
Este cambio impacta millones de migrantes —muchos con empleo e integrados en EEUU— que ahora enfrentan la posibilidad de perder su estatus y quedar expuestos al sistema de deportación acelerada.
