Miguel Díaz-Canel reaccionó este lunes a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra altos funcionarios civiles, mandos militares y organismos de inteligencia cubanos.
Entre los incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también se encuentran instituciones y empresas estatales, medidas que forman parte del endurecimiento de la presión económica de Washington sobre La Habana.
A través de redes sociales, Díaz-Canel aseguró que ningún integrante de la dirección del Partido Comunista, del Gobierno o de las Fuerzas Armadas posee bienes bajo jurisdicción estadounidense.
El mandatario acusó a Washington de intentar intensificar lo que calificó como una “guerra económica total” contra la Isla.
También criticó la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, la cual autoriza sanciones contra personas, empresas o gobiernos vinculados a transacciones con entidades cubanas señaladas por EEUU.
Según Díaz-Canel, esa política busca impedir que Cuba acceda a combustible, inversiones y suministros básicos. El gobernante calificó las medidas como “inmorales” y acusó a Washington de ampliar el alcance extraterritorial del embargo mediante sanciones dirigidas a compañías extranjeras interesadas en hacer negocios con la Isla.
“El castigo colectivo al que están sometiendo al pueblo cubano es un acto de genocidio”, escribió el mandatario en su publicación.
Las nuevas sanciones afectan directamente a funcionarios y organismos considerados clave dentro del aparato político y represivo cubano.
Entre los señalados aparecen Mayra Arevich Marín, titular de Comunicaciones; Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas; Esteban Lazo Hernández, y Roberto Morales Ojeda.
La lista también incluye a altos mandos militares como Raúl Villar Kessell, jefe del Ejército Central; Eugenio Armando Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental, y Joaquín Quintas Sola.
Además, la OFAC sancionó oficialmente a la Dirección de Inteligencia de Cuba, conocida como DGI o G2, organismo históricamente relacionado con labores de espionaje, seguridad del Estado y vigilancia política interna.
El secretario de Estado Marco Rubio defendió las medidas y afirmó que buscan limitar la capacidad represiva del régimen cubano y bloquear el acceso de las Fuerzas Armadas a recursos financieros considerados ilícitos.
“Las designaciones de hoy restringen aún más la capacidad del régimen cubano para suprimir la voluntad del pueblo cubano”, señaló Rubio en un comunicado oficial. El funcionario adelantó además que podrían anunciarse nuevas sanciones en las próximas semanas.
Las medidas tienen efectos financieros directos. Todos los bienes o cuentas de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados, mientras ciudadanos y empresas de EEUU tienen prohibido realizar transacciones con ellos.
En los últimos meses se ha hecho evidente el endurecimiento de las sanciones coincide con uno de los momentos más complejos para la economía cubana en décadas.
Desde principios de 2026, la Isla enfrenta una fuerte crisis energética agravada por restricciones sobre importaciones de combustible, caída del turismo, inflación y escasez de alimentos y medicinas.
La presión económica también ocurre en medio de crecientes tensiones políticas entre Washington y La Habana, con declaraciones de Marco Rubio y Donald Trump que consideran a Cuba una amenaza para la seguridad nacional y con rumores persistentes sobre posibles acciones más agresivas contra el régimen cubano.
En la dirección de nuestro Partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense.
El gobierno de EE.UU lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar. La retórica…
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 19, 2026
