Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos reactivara esta semana la demanda de Havana Docks Corporation contra Carnival, Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Cruises y MSC Cruises, al anular un fallo que había favorecido a esas navieras por el uso de muelles confiscados en La Habana por el régimen cubano, se estableció que la compañía siga reclamando indemnizaciones que superan los $440 millones.
La medida, aprobada por ocho votos contra uno, se centra en instalaciones portuarias construidas y operadas por Havana Docks Corporation antes de 1960, año en que la dictadura de Fidel Castro confiscó esos bienes tras tomar el poder.
La empresa poseía una concesión para explotar los muelles, pero perdió el control de la propiedad como parte del amplio proceso de expropiaciones impuesto por el castrismo contra compañías y ciudadanos estadounidenses.
Las cuatro empresas de cruceros utilizaron esas instalaciones entre 2016 y 2019, durante la etapa en que Washington flexibilizó los viajes a Cuba bajo la administración de Barack Obama. Havana Docks alegó que las navieras hicieron negocios con una propiedad confiscada, lo que, según su demanda, constituye “tráfico” bajo la Ley Helms-Burton.
Antes de llegar al Supremo, el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito había favorecido a las compañías de cruceros. Ese tribunal sostuvo que la concesión original de Havana Docks habría vencido en 2004, antes de que los buques comenzaran sus operaciones comerciales en la capital cubana.
La Corte Suprema rechazó esa lectura. Para los jueces, resultó suficiente que las empresas hubieran usado bienes confiscados sobre los cuales Havana Docks mantiene una reclamación certificada.
Ley Helms-Burton vuelve al centro del litigio
La demanda se apoya en el Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996. Esa disposición permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a quienes se beneficien de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano desde el 1 de enero de 1959.
Durante más de dos décadas, esa vía legal quedó suspendida por distintas administraciones de Estados Unidos. En 2019, el entonces presidente Donald Trump autorizó su aplicación, lo que abrió la puerta a reclamaciones judiciales vinculadas con bienes expropiados en la Isla.
Según la opinión del tribunal, las navieras transportaron cerca de 1 millón de pasajeros pagos a Cuba entre 2016 y 2019. También usaron los muelles para operaciones de embarque y desembarque en La Habana.
El documento judicial señala, además, que las compañías pagaron a entidades relacionadas con el régimen cubano y obtuvieron ingresos por viajes que incluían paradas en la capital.
¿Qué viene ahora para las navieras demandadas?
El fallo no ordena pagos inmediatos. La Corte Suprema anuló la decisión del tribunal de apelaciones y devolvió el caso a instancias inferiores para nuevos procedimientos. Las navieras aún podrán presentar defensas legales que no fueron evaluadas por el Supremo.
Para Havana Docks, la decisión refuerza una reclamación que lleva años en tribunales. Para Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC, eleva el riesgo financiero por haber operado en instalaciones ligadas a confiscaciones no resueltas.
El desenlace también puede influir en otros litigios relacionados con propiedades arrebatadas en Cuba.
