La Corte Suprema de Estados Unidos permitió reactivar una demanda presentada por la empresa Havana Docks Corporation contra varias compañías de cruceros por el uso de muelles del puerto de La Habana confiscados por el Gobierno cubano después de la llegada de Fidel Castro al poder.
La decisión fue aprobada por ocho jueces contra uno y devuelve el caso a una corte inferior para continuar el proceso judicial. La demanda involucra a las navieras Carnival, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean y MSC Cruises.
Havana Docks sostiene que esas compañías utilizaron instalaciones portuarias nacionalizadas por el Estado cubano tras la Revolución de 1959. Según la empresa, las navieras obtuvieron beneficios económicos usando propiedades reclamadas por antiguos dueños estadounidenses.
El caso se centra en operaciones turísticas realizadas durante el acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos impulsado por la administración de Barack Obama.
En 2016, Washington autorizó nuevamente viajes de cruceros hacia la isla y miles de turistas estadounidenses llegaron al puerto de La Habana.
Las compañías comenzaron entonces a operar rutas regulares a Cuba, utilizando terminales portuarias bajo control del Gobierno cubano. Años después, esos viajes quedaron bajo revisión judicial tras la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.
La ley permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a entidades que se beneficien de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano después de la Revolución.
Durante años, distintos presidentes suspendieron la aplicación de esa parte de la legislación para evitar conflictos diplomáticos con aliados internacionales.
Sin embargo, la primera administración de Donald Trump activó plenamente el Título III en 2019 como parte del endurecimiento de sanciones contra La Habana.
Desde entonces, decenas de demandas han sido presentadas en tribunales estadounidenses por bienes nacionalizados en Cuba hace más de seis décadas.
Las reclamaciones incluyen hoteles, puertos, terrenos, fábricas y otras propiedades confiscadas durante el proceso de nacionalizaciones impulsado por Fidel Castro en los años sesenta.
Muchas de esas propiedades pertenecían a empresas o ciudadanos estadounidenses. El juez Clarence Thomas escribió la opinión mayoritaria del fallo.
Según el tribunal, la corte de apelaciones que había rechazado la demanda analizó incorrectamente parte de las reclamaciones presentadas por Havana Docks.
La decisión no obliga todavía a pagar indemnizaciones ni representa un fallo final sobre el caso. Ahora el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito deberá revisar nuevamente otros argumentos legales presentados por las navieras.
En 2022, una jueza federal de Miami había responsabilizado a las compañías de cruceros por utilizar los muelles habaneros y concedió a Havana Docks una compensación superior a 400 millones de dólares. Sin embargo, esa sentencia fue anulada posteriormente por una corte de apelaciones.
Las navieras argumentan que las instalaciones eran administradas por el Estado cubano cuando realizaron sus operaciones y sostienen que actuaron bajo permisos otorgados por el Gobierno estadounidense durante el deshielo diplomático.
El tema de las propiedades confiscadas sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto entre Washington y La Habana. Según reportes de medios estadounidenses y cubanos independientes, existen miles de reclamaciones certificadas por bienes expropiados tras la Revolución cubana.
La disputa legal ocurre además en medio de nuevas tensiones entre ambos países, luego de las recientes acusaciones presentadas en EEUU contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
