Dos mujeres de origen cubano, Leidys Delmas García, de 54 años, y Milagros Marileisis Acosta Torres, de 40, figuran entre los 17 ciudadanos naturalizados como estadounidenses contra los cuales el Departamento de Justicia presentó acciones civiles de desnaturalización.
Lo anterior, como parte de una ofensiva legal impulsada durante la administración de Donald Trump para revocar ciudadanías obtenidas, según las autoridades, mediante fraude, ocultamiento de información o delitos graves no revelados durante el proceso migratorio.
El caso no implica una pérdida automática de la ciudadanía estadounidense. Desde el punto de vista jurídico, se trata de demandas civiles presentadas ante tribunales federales, donde el gobierno debe probar que la naturalización fue concedida de manera ilegal o que el solicitante ocultó información material durante el trámite.
La medida se apoya en la Sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en el Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1451.
¿Qué pasó en el caso de las dos cubanas?
Delmas García fue condenada por conspiración para cometer fraude en el sistema de salud. Según documentos judiciales citados en el caso, ella y otros implicados operaron unas 30 clínicas en Florida que habrían facturado de forma fraudulenta aproximadamente 36.7 millones de dólares a la aseguradora Blue Cross Blue Shield.
El Departamento de Justicia sostiene que esa conducta debió afectar su elegibilidad migratoria si fue cometida u ocultada durante el periodo relevante para obtener la ciudadanía.
Acosta Torres, por su parte, aparece vinculada a una presunta conspiración para defraudar a un casino tribal en Florida. De acuerdo con la acusación, su esposo y otros cómplices habrían robado millones de dólares mediante la creación de comprobantes de crédito falsos.
En ambos casos, las autoridades alegan que las mujeres respondieron de manera falsa durante la solicitud y la entrevista de naturalización al declarar que no habían cometido delitos.
La lista de 17 personas incluye ciudadanos naturalizados nacidos en Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica. Los delitos mencionados por las autoridades abarcan abuso sexual de menores, fraude bancario, fraude electrónico, narcotráfico, distribución irregular de medicamentos controlados, fraude financiero, estafas vinculadas a préstamos PPP y esquemas contra Medicare o Medicaid.
Proceso largo y apegado a la ley para retirar la ciudadanía americana
La desnaturalización es un mecanismo excepcional del derecho migratorio estadounidense. Permite al gobierno solicitar la cancelación del certificado de naturalización cuando considera que la ciudadanía fue obtenida ilegalmente, por tergiversación intencional o por ocultamiento de hechos materiales.
Esto puede incluir falta de residencia requerida, ausencia de buen carácter moral, declaraciones falsas o información que habría cambiado la decisión de las autoridades migratorias.
La jurisprudencia estadounidense establece límites importantes. No basta con que una persona naturalizada haya cometido un delito después de hacerse ciudadana.
El gobierno debe demostrar que la conducta, la mentira o el ocultamiento tuvieron relación con la obtención de la ciudadanía. En otras palabras, la información omitida debía ser relevante para determinar si la persona calificaba o no para naturalizarse.
En los procesos civiles de desnaturalización, la carga probatoria es elevada. La doctrina de la Corte Suprema ha exigido una prueba clara, inequívoca y convincente.
El afectado tiene derecho a defenderse en corte federal, responder a la demanda y presentar argumentos. Por eso, aunque el anuncio del Departamento de Justicia tiene un fuerte impacto público, cada caso debe resolverse individualmente ante un juez.
La administración Trump ha ampliado las prioridades de este tipo de acciones. Un memorando de la División Civil del Departamento de Justicia instruyó a priorizar casos relacionados con seguridad nacional, terrorismo, espionaje, crímenes de guerra, pandillas, carteles, delitos sexuales, crímenes violentos y fraudes financieros contra el gobierno o contra particulares.
La dimensión de la campaña también marca un cambio frente a décadas anteriores. Entre 1990 y 2017, la desnaturalización fue poco común, con un promedio de 11 casos anuales.
Sin embargo, los datos citados en reportes recientes hablan de unas 130 demandas presentadas entre junio y julio de 2025, 384 ciudadanos naturalizados identificados para revisión y una proyección de USCIS de enviar al Departamento de Justicia entre 100 y 200 casos mensuales.
Posible deportación
Si las demandas prosperan, las personas afectadas perderían los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.
En muchos casos regresarían a su estatus migratorio previo, generalmente el de residentes permanentes legales, y podrían enfrentar procedimientos de expulsión.
