La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este 2026 una nueva Ley de la Vivienda que sustituye la normativa vigente desde 1988. La legislación busca adaptar el sistema habitacional a la realidad económica y social de Cuba, simplificar trámites y enfrentar el déficit de inmuebles mediante la incorporación de nuevos actores económicos.
El ministro de la Construcción, René Antonio Mesa Villafaña, presentó el texto durante una sesión plenaria del Parlamento. La norma reúne nueve decretos leyes y 127 disposiciones jurídicas que regulaban de forma dispersa la propiedad, transmisión, construcción, administración y uso de viviendas. Quedó organizada en 16 capítulos, 190 artículos y tres disposiciones finales.
Nuevos derechos para propietarios de viviendas en Cuba
Uno de los cambios principales permite a las personas naturales poseer hasta dos viviendas, además de una casa de descanso o veraneo, siempre que esa condición conste en el título de propiedad. La legislación amplía así las posibilidades de tenencia de inmuebles reconocidas por el Estado.
La ley elimina la confiscación de viviendas por la salida definitiva del propietario del país. También suprime la obligación de que los herederos acudan a la Dirección Municipal de Vivienda dentro del año posterior al fallecimiento del titular para formalizar sus derechos sobre el inmueble.
Menos autorizaciones y más operaciones ante notario
La reforma elimina permisos administrativos para transmitir solares y ceder, de forma parcial o total, superficies de azoteas destinadas a construcciones o ampliaciones. Las compraventas, permutas y donaciones entre personas naturales o jurídicas podrán formalizarse directamente ante notario.
Las inconformidades con resoluciones de las direcciones municipales de Vivienda pasarán directamente a los tribunales. La norma también autoriza contratos de comodato y de alimentos, mediante los cuales una persona puede ceder el uso de un inmueble o acordar su entrega a cambio de manutención, cuidados u otras prestaciones.
Empresas y entidades públicas o privadas podrán comprar viviendas a personas naturales para alojar trabajadores, asegurar fuerza laboral o cubrir otras necesidades habitacionales. Además, la ley permite intercambiar una vivienda por bienes o derechos de cualquier naturaleza, más allá de la permuta tradicional entre dos inmuebles.
Sector privado y municipios ganan participación
Las mipymes, cooperativas de vivienda, inmobiliarias y otras formas de gestión podrán participar en programas de construcción, urbanización, reparación y administración del fondo habitacional. Los gobiernos municipales recibirán mayores facultades para decidir sobre la producción y aprovechamiento de viviendas en sus territorios.
La legislación mantiene subsidios y mecanismos preferenciales para personas de bajos ingresos, adultos mayores, ciudadanos con discapacidad, víctimas de violencia y jóvenes. No obstante, la aplicación de estas medidas dependerá de los recursos financieros, materiales y constructivos disponibles en cada municipio.
Pérdida de propiedad y retos de la nueva Ley de Vivienda
La norma regula además la pérdida de la propiedad por abandono prolongado y ruina. La Dirección Municipal de Vivienda podrá pedir a un tribunal que transfiera el inmueble al municipio, pero la decisión no será administrativa ni automática. El juez deberá analizar las causas del abandono y la situación social del propietario.
El alcance real de la reforma dependerá de su aplicación, pero también de que el Gobierno cubano asuma su responsabilidad ante una crisis habitacional agravada durante décadas. La falta de mantenimiento, materiales, inversiones y estrategias oportunas permitió el deterioro acelerado de miles de edificios y la acumulación de un déficit que la nueva ley, por sí sola, no podrá resolver.
