La diputada cubano-uruguaya Leydis Aguilera, integrante del Partido Nacional, exigió explicaciones al Gobierno de Uruguay sobre las negociaciones con Estados Unidos para recibir a migrantes cubanos con órdenes de deportación.
La legisladora reclamó transparencia y advirtió que una decisión de ese alcance no puede ejecutarse mediante improvisaciones o acuerdos sin información pública.
Aguilera pidió a las autoridades uruguayas que aclaren los términos de cualquier posible convenio, incluida la cantidad de personas que podrían llegar y las condiciones bajo las cuales serían admitidas. Su planteamiento busca garantizar que el proceso respete los derechos de los deportados y la capacidad de las comunidades encargadas de recibirlos.
Uruguay negocia posible llegada de cubanos deportados
La diputada sostuvo que el país necesita un plan de políticas públicas antes de asumir nuevos compromisos migratorios. Ese programa, según explicó, deberá contemplar mecanismos efectivos para la regularización, el acceso al empleo y la integración social de los ciudadanos cubanos enviados desde territorio estadounidense.
La legisladora también llamó la atención sobre la situación de más de 30.000 migrantes y solicitantes de refugio que ya residen en Uruguay. De acuerdo con su denuncia, estas personas permanecen en un limbo legal y todavía no cuentan con acceso pleno a una residencia permanente.
Ese escenario, señaló, demuestra la necesidad de resolver primero las dificultades administrativas que afectan a la población migrante presente en el país. La llegada de nuevos grupos sin una estructura definida podría ampliar los retrasos y complicar su incorporación regular a la sociedad uruguaya.
Diputada reclama un plan de integración migratoria
Aguilera no rechazó la inmigración ni la posible recepción de ciudadanos cubanos. Por el contrario, consideró que la movilidad humana puede representar una oportunidad para la economía uruguaya cuando existe una estrategia capaz de aprovechar la experiencia laboral y profesional de quienes llegan.
Sin embargo, insistió en que cualquier acuerdo debe organizarse de forma regular, transparente y planificada. A su juicio, las autoridades deben ofrecer garantías tanto a los migrantes sometidos a deportación como a las comunidades uruguayas que asumirán su recepción e integración.
La legisladora planteó que el Gobierno no debe limitarse a aceptar la llegada de personas sin explicar qué instituciones se encargarán de los trámites, la documentación y la inserción social. También reclamó medidas concretas para evitar que los recién llegados queden atrapados en la misma incertidumbre jurídica que afecta a miles de extranjeros.
Más de 30.000 migrantes siguen en un limbo legal
El pronunciamiento coloca el foco en las consecuencias de una eventual transferencia de cubanos desde Estados Unidos hacia un tercer país. Aunque las negociaciones mencionadas podrían ofrecer una alternativa a algunos deportados, Aguilera considera indispensable conocer sus condiciones y el respaldo institucional previsto.
La diputada cubano-uruguaya pidió que cualquier decisión se tome con rendición de cuentas y políticas de integración definidas. Su advertencia combina la defensa de los derechos de los migrantes con la exigencia de que Uruguay resuelva las carencias de su sistema antes de asumir un nuevo compromiso internacional.
