El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) incluyó a seis ciudadanos cubanos en una lista de 20 extranjeros con graves antecedentes penales deportados a terceros países. La relación, divulgada el 27 de octubre de 2026, identifica a personas expulsadas entre mayo y agosto de 2025 debido a sus condenas y a las dificultades para repatriarlas a sus naciones de origen.
La iniciativa forma parte de la campaña Worst of the Worst (Lo peor de lo peor), promovida por la administración de Donald Trump. Según el DHS, los seleccionados acumulan condenas por asesinato, secuestro, robo armado y narcotráfico. Washington sostiene que estas expulsiones protegen la seguridad pública y permiten ejecutar órdenes migratorias pendientes.
¿Quiénes son los seis cubanos identificados por el DHS?
José Manuel Rodríguez Quiñones y Enrique Arias Hierro fueron enviados a Sudán del Sur el 20 de mayo de 2025. El primero recibió condenas en Florida por asesinato en primer grado, tráfico de cocaína e incendio provocado, entre otros delitos. Arias Hierro fue condenado por intento de asesinato, secuestro, robo con violencia y suplantación de un agente policial.
Roberto Mosquera-Del Peral, identificado como integrante de Latin Kings, fue trasladado a Esuatini el 14 de julio de 2025. Su expediente incluye asesinato premeditado, agresiones agravadas y robo de vehículos. También figuran Jhanmay Molina Pérez, condenado por asesinato en California, y Yosmel Luis Palomino Galán, con dos condenas por homicidio premeditado en Florida.
El sexto identificado es Eugenio Douquesne-Millet, condenado por asesinato en segundo grado, tráfico de cocaína y otros delitos. Molina Pérez, Palomino Galán y Douquesne-Millet fueron deportados el 15 de agosto de 2025, aunque sus destinos no aparecen precisados en la información recopilada.
La negativa del gobierno cubano a recibir deportados
El DHS atribuye parte de estas expulsiones a la negativa de La Habana a readmitir determinados ciudadanos con antecedentes criminales. Esta posición ha llevado a Washington a establecer acuerdos con países africanos y otros territorios para ejecutar órdenes de deportación que no podían concretarse mediante vuelos directos hacia Cuba.
Sin embargo, el gobierno cubano mantiene mecanismos de recepción selectiva. En febrero de 2026 aceptó un vuelo que incluía personas condenadas por delitos graves, lo cual demuestra que las restricciones no se aplican de manera uniforme.
Un ejemplo de esa política selectiva ocurrió en julio de 2026, cuando las autoridades cubanas permitieron el regreso de Luis Álvarez García, un emigrado del Mariel condenado por intento de asesinato y posesión de cocaína.
Más de 4.300 cubanos deportados a México
Human Rights Watch documentó que 4.353 cubanos fueron enviados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026. Según sus datos, el 27% carecía de antecedentes penales registrados, mientras el 56% tenía condenas. Solo el 16% presentaba un delito violento o potencialmente violento como condena más grave.
La política enfrenta críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos por los riesgos de trasladar migrantes a países donde carecen de familiares y apoyo. Mientras Washington defiende las expulsiones como una medida de seguridad, persisten interrogantes sobre el debido proceso y las garantías legales de los afectados.
