Un comerciante de Hollywood, en el condado de Broward, enfrenta cargos federales por su presunta participación en un fraude superior a 500.000 dólares contra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Las autoridades estadounidenses anunciaron el caso el viernes 30 de octubre de 2026, tras investigar un mecanismo que habría permitido comprar beneficios alimentarios a cambio de efectivo y utilizarlos posteriormente para adquirir productos destinados a la reventa.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el acusado es Al Amin, de 52 años, propietario de una tienda de conveniencia en Hollywood. Los documentos judiciales señalan que habría actuado junto con otras personas durante varios años para obtener tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT) pertenecientes a participantes del programa federal.
¿Cómo funcionaba el presunto fraude con tarjetas EBT en Broward?
Según la Fiscalía, los implicados ofrecían dinero en efectivo a beneficiarios de SNAP a cambio de sus tarjetas, pagando aproximadamente la mitad del saldo disponible. De esta manera, una persona con 200 dólares en asistencia alimentaria podía recibir alrededor de 100 dólares, mientras los compradores obtenían acceso al valor completo de los beneficios.
Las autoridades sostienen que el acusado y sus presuntos colaboradores utilizaban posteriormente esas tarjetas para realizar compras de mercancías al por mayor en diferentes establecimientos. En lugar de destinar los fondos a la alimentación de los titulares, los productos adquiridos terminaban incorporados a operaciones comerciales. Parte de ellos habría servido para abastecer el negocio de Amin.
Otra porción de los artículos, de acuerdo con la investigación, se vendía a propietarios de tiendas de la zona. Este mecanismo habría permitido transformar recursos públicos destinados a personas de bajos ingresos en mercancías comerciales. La Fiscalía no identificó en su comunicado a todos los presuntos participantes ni detalló cuánto dinero habría obtenido personalmente el acusado.
Comerciante de Hollywood enfrenta dos cargos federales
Amin fue acusado de conspiración para obtener, transferir, adquirir o poseer beneficios SNAP sin autorización, así como de conspiración para cometer fraude electrónico. El primer delito contempla una pena máxima de cinco años de prisión federal, mientras el segundo puede alcanzar los 20 años si resulta declarado culpable.
La investigación está a cargo de Homeland Security Investigations (HSI) en Miami y la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura (USDA), con apoyo de agentes de ICE. El caso fue anunciado por el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, el agente especial José R. Figueroa y el inspector general John Walk. La acusación está registrada bajo el número 26-mj-06617.
Gobierno federal intensifica investigaciones sobre beneficios SNAP
El procesamiento forma parte de los esfuerzos de la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude del Departamento de Justicia. El mismo 30 de octubre, las autoridades anunciaron que el sur de Florida sería la primera región del país donde funcionaría el programa piloto HEAT, destinado a coordinar investigaciones sobre irregularidades en ayudas alimentarias.
El procesamiento forma parte de los esfuerzos de la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude del Departamento de Justicia. Como informó anteriormente Asere, el sur de Florida fue seleccionado como primera región del país para desarrollar el programa piloto HEAT, que coordinará investigaciones relacionadas con el uso ilegal de ayudas alimentarias.
La iniciativa también examinará el robo de tarjetas EBT, operaciones fraudulentas en comercios, suplantación de identidad y desvío de recursos. Estos casos afectan a programas diseñados para facilitar la compra de alimentos a familias con ingresos limitados. No obstante, el anuncio de nuevas investigaciones no significa que los beneficiarios legítimos pierdan automáticamente su asistencia.
Por ahora, los cargos contra Al Amin representan acusaciones pendientes de resolución judicial. El Departamento de Justicia recordó que toda persona señalada en una denuncia penal conserva la presunción de inocencia hasta que su responsabilidad sea demostrada ante un tribunal. Las autoridades no han comunicado una sentencia ni una declaración de culpabilidad en este caso.
