Cinco ciudadanos cubanos y un estadounidense recibieron condenas de entre dos y cuatro años de prisión en Tampa, Florida, este jueves 29 de octubre de 2026, por integrar una organización dedicada al tráfico de migrantes, el fraude de asilo y el lavado de dinero. Los implicados cobraban hasta 40.000 dólares por facilitar entradas irregulares a Estados Unidos y ocultaron más de 22 millones de dólares mediante operaciones financieras realizadas entre 2021 y 2025.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que los acusados participaron en una estructura internacional que captaba clientes en Cuba mediante anuncios en redes sociales. La investigación permitió identificar más de 1.700 solicitudes fraudulentas de asilo y diversos mecanismos para trasladar personas hacia territorio estadounidense. Algunos viajes se organizaron mediante vuelos privados, mientras otros incluyeron cruces ilegales por la frontera con México.
¿Quiénes son los cubanos condenados por tráfico de migrantes en Tampa?
Liannys Yaiselys Vega Pérez, de 27 años, recibió la pena más elevada, de cuatro años de cárcel. Las autoridades determinaron que administraba buena parte del negocio de trámites migratorios y preparó cientos de solicitudes de asilo con información falsa. También coordinaba la compra de boletos aéreos y participaba en operaciones destinadas a ocultar el dinero obtenido mediante estas actividades.
Layra Libertad Treto Santos, de 30 años, fue sentenciada a 30 meses. Los otros cuatro condenados, Miguel Martínez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona Marrero, Walbis Pozo Dutel y Emanuel Martínez González, recibieron dos años de prisión cada uno. Los seis se habían declarado culpables de diferentes cargos relacionados con la conspiración, aunque sus responsabilidades dentro de la organización no eran idénticas.
Cobraban miles de dólares por viajes y solicitudes falsas de asilo
La organización ofrecía servicios migratorios por cantidades comprendidas entre 1.500 y 40.000 dólares. Una de sus estrategias consistía en preparar autorizaciones ESTA con datos falsos para cubanos que poseían ciudadanía europea. Los responsables declaraban que determinados solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, aunque conocían que residían en la Isla cuando presentaron las solicitudes.
El negocio también incluía la preparación de expedientes migratorios después de la llegada de los clientes a Estados Unidos. Los acusados gestionaban peticiones de asilo, residencia permanente y otros beneficios mediante información engañosa. Algunos integrantes compraban pasajes, reservaban alojamientos y orientaban a los viajeros sobre las respuestas que debían ofrecer durante las inspecciones de las autoridades fronterizas.
La Fiscalía estableció que Martínez Vasconcelos transfirió al menos 150.000 dólares a compañías extranjeras para financiar traslados. Escalona Marrero utilizó empresas ficticias para esconder el origen de los ingresos, mientras otros colaboradores organizaron rutas internacionales. Entre julio de 2022 y noviembre de 2024, la estructura gastó más de 600.000 dólares en boletos comerciales de una sola aerolínea.
La justicia estadounidense continúa investigando a otros implicados
Además de imponer penas de prisión, el tribunal ordenó importantes decomisos económicos. Escalona Marrero deberá entregar 2,9 millones de dólares; Martínez Vasconcelos, 150.000 dólares; y Treto Santos, 95.000 dólares. Estas medidas buscan recuperar parte de los fondos vinculados con las actividades ilegales de la organización, que utilizó distintas sociedades para mover dinero entre Estados Unidos y otros países.
El caso había sido reportado anteriormente por Asere Noticias cuando las autoridades anunciaron la acusación contra doce implicados en septiembre de 2025. Desde entonces, otros integrantes han enfrentado procesos judiciales. Yuniel Lima Santos y Gisleivy Peralta Consuegra esperan sentencia, mientras Lázaro Alain Cabrera Rodríguez fue declarado culpable por un jurado y Erik Ventura Castro recibió 30 meses de prisión en julio.
La investigación permanece abierta respecto a otros miembros de la organización. Marianny Lucía López Torres y Frandy Aragón Díaz continúan prófugos, según las autoridades federales. En las pesquisas participaron Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Patrulla Fronteriza, USCIS y especialistas financieros. La Fiscalía considera que el caso demuestra cómo las redes criminales aprovecharon la demanda de servicios migratorios para obtener grandes ganancias mediante documentos falsos y traslados irregulares.
