El Gobierno cubano oficializó este lunes 2 de noviembre de 2026 una reorganización de la Administración Central del Estado que reducirá sus organismos de 27 a 21, mediante la integración de ministerios y el traslado de funciones entre instituciones.
La medida, aprobada por la Asamblea Nacional el 30 de julio, busca simplificar la estructura estatal y mejorar su funcionamiento en medio de la crisis económica que atraviesa la Isla. La nueva organización contempla 20 ministerios y el Banco Central de Cuba.
La reforma aparece en la Ley 186, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria número 90. Aunque el documento se divulgó este lunes, entrará en vigor siete días después, el 9 de noviembre. Además, las autoridades dispondrán de hasta un año para completar los cambios administrativos, incluidos los movimientos de trabajadores, recursos materiales y presupuestos entre organismos.
¿Qué ministerios desaparecen con la reorganización del Gobierno cubano?
La integración de Agricultura e Industria Alimentaria coloca bajo una misma dirección la producción agropecuaria, la pesca y la transformación de alimentos. El nuevo ministerio también tendrá responsabilidades sobre el azúcar y sus derivados. Esta concentración de funciones ocurre cuando Cuba enfrenta dificultades para abastecer sus mercados y garantizar la producción nacional.
También desaparecen como organismos independientes los ministerios de Economía y Planificación, y Finanzas y Precios. Sus atribuciones pasarán al Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de la política económica, el presupuesto estatal, los impuestos, los precios y las inversiones. Esta integración coloca bajo una misma dirección funciones que anteriormente correspondían a dos instituciones.
Nuevas estructuras para vivienda, agua, industrias y educación
El Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos reunirá competencias antes repartidas entre entidades ambientales, de ordenamiento territorial y de gestión del agua. También asumirá responsabilidades sobre vivienda, urbanismo y catastro. La reorganización afecta áreas relacionadas con los problemas habitacionales y las dificultades de abastecimiento de agua potable en numerosos municipios.
Otra cartera, denominada Ministerio de Industrias y la Construcción, agrupará actividades industriales, producción de materiales, reciclaje y ejecución de obras. En paralelo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación combinará la gestión universitaria con la investigación, el desarrollo tecnológico, la propiedad industrial y otras funciones científicas y administrativas.
La modificación alcanza además al deporte y la comunicación institucional. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación dará paso al Ministerio de Deportes y Recreación, mientras las responsabilidades del Instituto de Información y Comunicación Social serán asumidas por el Ministerio de Información y Comunicación Social. El comercio también experimentará una redistribución mediante el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera.
¿Cuándo comenzarán a funcionar los nuevos ministerios en Cuba?
La legislación establece que los titulares de los organismos tendrán hasta 30 días naturales, contados desde su entrada en vigor, para presentar los cronogramas de reorganización al primer ministro. El traslado de trabajadores, medios y recursos financieros podrá extenderse durante un año. Por tanto, la publicación de la norma no significa que todas las dependencias cambien inmediatamente sus operaciones.
El Banco Central conservará su condición de organismo de la Administración Central del Estado, bajo la dirección de un ministro-presidente, pero no figurará entre los 20 ministerios. Las carteras de Relaciones Exteriores, Interior, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Salud Pública, Educación, Energía y Minas, Turismo y Transporte continuarán formando parte de la estructura gubernamental.
La reforma sustituye disposiciones que organizaron durante décadas la administración cubana, incluidas normas de 1983 y 1994. Sin embargo, el texto no garantiza por sí mismo una reducción determinada del gasto público ni una mejora inmediata de los servicios. Los resultados dependerán de cómo se ejecuten las fusiones y de la capacidad de las nuevas instituciones para responder a las necesidades de la población.
