El presidente Donald Trump reconoció que la política de deportaciones de su Gobierno pudo ser demasiado severa y contribuir a la derrota republicana en las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026. Durante una entrevista con el programa 60 Minutes, transmitida por CBS el domingo 8 de noviembre, el mandatario también manifestó disposición a negociar con los demócratas una alternativa para determinados inmigrantes que llevan años trabajando en Estados Unidos.
Según CBS News, Trump admitió que los operativos migratorios habían afectado a personas con empleos estables cuya principal infracción consistía en haber entrado ilegalmente al país. Aunque defendió el endurecimiento de la frontera y la expulsión de delincuentes, reconoció que extender las medidas a trabajadores sin otros antecedentes pudo restarle respaldo electoral. No obstante, evitó anunciar modificaciones concretas en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Trump reconoce el costo electoral de las deportaciones masivas
El presidente explicó que su administración había recibido valoraciones positivas por reducir los cruces irregulares y actuar contra personas consideradas peligrosas. Sin embargo, distinguió esa estrategia de las expulsiones de inmigrantes que trabajan en hoteles, restaurantes y empresas de jardinería. Algunos, señaló, llevan entre diez y quince años establecidos en territorio estadounidense y contribuyen mediante el pago de impuestos.
Al preguntarle si la política migratoria había ido demasiado lejos, Trump respondió: “Creo que fue demasiado dura”. También reconoció que ese enfoque terminó perjudicándolo políticamente. Sus declaraciones representan un cambio de tono respecto a la defensa que ha mantenido de los operativos federales, aunque no equivalen a una rectificación administrativa ni a una orden para detener las expulsiones.
La entrevista ocurrió después de que los demócratas consiguieran el control del Senado y la Cámara de Representantes. El resultado electoral abrió un debate sobre el respaldo de los votantes hispanos a las políticas republicanas. En Florida, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ya había advertido que las deportaciones de trabajadores sin antecedentes penales estaban alejando a parte de ese electorado.
¿Trump podría negociar una regularización migratoria?
Durante la conversación, el mandatario aseguró que estaría dispuesto a trabajar con la oposición para encontrar una solución a la situación de ciertos inmigrantes. Mencionó a personas que han permanecido durante años en Estados Unidos, mantienen empleos y cumplen obligaciones tributarias. Sin embargo, no presentó un proyecto legislativo ni precisó quiénes podrían acogerse a una eventual medida.
La posibilidad de negociar dependerá también del nuevo Congreso, cuyas mayorías demócratas asumirán funciones en enero de 2027. Cualquier iniciativa destinada a ofrecer un estatus legal necesitaría definir requisitos, mecanismos de solicitud y consecuencias para quienes enfrentan procedimientos de deportación. Por ahora, no existe un acuerdo anunciado entre la Casa Blanca y los dirigentes legislativos.
Las palabras de Trump contrastan con una decisión reciente de su administración. El viernes 6 de noviembre anunció que Stephen Miller, uno de los principales impulsores de las deportaciones masivas, sustituiría a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca. El nombramiento mantiene a un defensor del endurecimiento migratorio en una posición central del Gobierno, pese a la posibilidad de negociaciones mencionada por el presidente.
¿Qué significan estas declaraciones para los cubanos en EEUU?
Para los cubanos con solicitudes de asilo, documentos I-220A o procesos migratorios pendientes, la entrevista no representa un cambio inmediato. Las autoridades no han anunciado una suspensión de arrestos, nuevas protecciones contra la deportación ni modificaciones en los requisitos para solicitar la residencia permanente. Cada persona continúa sujeta a las condiciones legales de su caso.
La principal novedad es que Trump reconoció públicamente el costo político de expulsar a inmigrantes trabajadores y dejó abierta la posibilidad de negociar una solución. Sin embargo, la política migratoria vigente permanece sin cambios anunciados. Los próximos pasos dependerán de si la Casa Blanca convierte esas declaraciones en una propuesta concreta y consigue el respaldo necesario en el Congreso.
