Un tribunal federal de Massachusetts mantiene suspendida hasta el 4 de diciembre de 2026 una regulación de la administración de Donald Trump que reducía de 30 a 10 días el plazo para que determinados refugiados defendieran su estatus migratorio en Estados Unidos.
La decisión, dictada el 2 de noviembre y vigente este domingo 8, ofrece una protección temporal mientras continúa el litigio sobre las garantías legales de estas personas.
Según confirmó el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), el juez Myong J. Joun prorrogó la suspensión inicial establecida el 27 de octubre por la magistrada Julia E. Kobick. La resolución impide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplique el plazo reducido mientras se examinan los argumentos presentados contra la medida.
¿Qué cambia para los refugiados en Estados Unidos?
La disposición cuestionada entró en vigor el 14 de octubre. Permitía al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) conceder apenas diez días para responder a una Notificación de Intención de Terminación, conocida como NOIT. Anteriormente, los afectados disponían de 30 días para presentar pruebas o solicitar una entrevista.
La suspensión también protege a quienes recibieron notificaciones entre el 14 y el 27 de octubre con plazos inferiores a 30 días. Durante la vigencia de la orden, las autoridades no pueden cancelarles el estatus únicamente por incumplir esos avisos. La protección no representa una aprobación definitiva de sus expedientes.
El DHS sostiene que la reducción de los plazos facilitaría la detección de fraudes y permitiría retirar con mayor rapidez la condición migratoria a quienes no reunían los requisitos cuando ingresaron al país. Las organizaciones demandantes consideran que 10 días resultan insuficientes para conseguir representación legal y reunir documentos.
¿Cuáles cubanos pueden beneficiarse de la suspensión?
La decisión afecta específicamente a personas admitidas mediante el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP), particularmente aquellas que todavía no han obtenido la residencia permanente. Por tanto, no constituye una protección general para todos los cubanos que enfrentan problemas migratorios.
Los beneficiarios del parole humanitario, solicitantes de asilo y personas con formularios I-220A no adquieren automáticamente estos derechos. Sus procedimientos responden a disposiciones diferentes, por lo que deben identificar su categoría antes de interpretar el alcance de la sentencia.
IRAP estima que más de 186.000 refugiados podrían estar sujetos a la regulación impugnada. La organización advierte que una cancelación del estatus podría exponerlos a procesos de expulsión y separación familiar, especialmente cuando todavía tienen solicitudes de residencia pendientes.
¿Qué ocurrirá después del 4 de diciembre?
El Gobierno estadounidense deberá presentar sus argumentos contra una suspensión más prolongada antes del 13 de noviembre. Los demandantes tendrán hasta el día 20 para responder, mientras el tribunal programó una audiencia para el 24 de noviembre. La orden podría modificarse antes de diciembre.
La demanda también cuestiona la paralización de determinados trámites de residencia permanente y las nuevas revisiones de expedientes de refugiados. Sin embargo, estas medidas no quedaron suspendidas por la resolución actual. Los afectados que reciban notificaciones de USCIS deben conservar sus documentos y buscar asesoramiento jurídico para comprobar sus plazos particulares.
