Las autoridades castristas reconocieron un incremento en el número de reses que son robadas y sacrificadas de manera ilegal en la provincia de Matanzas.
De acuerdo con el medio estatal Granma, al menos 25 de estos animales se pierden a diario en los municipios de Limonar y Colón, situación que no ayuda con la escasez de alimentos en las tiendas estatales.
El reportaje señala que en un tiempo relativamente “corto”, más de 500 reses en la provincia han muerto, con la mayoría de estas siendo vacas lecheras.
La primera secretaria del Partido en Matanzas, Susely Morfa González, dijo al citado medio que, entre las principales causas de este aumento se encuentra el descontrol de la masa ganadera en el territorio, lo que facilita que muchos de estos crímenes pasen desapercibidos por más tiempo.
Granma aprovechó la oportunidad para culpar a estos sacrificios ilegales de ser la principal causa de la escasez de leche en el país, señalando que los animales faltantes podrían ser utilizados para mantener unas diez vaquerías, en la provincia.
A causa de esto, productores terminan debiendo la venta de miles de litros de leche al Estado. La situación también ha provocado un aumento desmedido en el precio de la leche, con algunos campesinos comercializando un litro del vital producto a cien pesos cubanos.
Según la funcionaria, se acumularon unos 7.647 robos y sacrificios ilegales en las provincias de Camagüey, Sancti Spíritus, Las Tunas y Matanzas desde que inició el 2022, números que reflejan lo precario de la situación.
Es importante recordar que el año pasado, las autoridades castristas autorizaron la venta libre y el autoconsumo de carne de res a los ganaderos cubanos, siempre y cuando cumplieran con la venta prometida al Estado y esto no afectara la masa ganadera.
En un esfuerzo por disminuir estos delitos, el Gobierno de Cuba advirtió a inicios de años que aquellos que consigan carne de res o caballo en el mercado informal sin conocer su procedencia, podían ser acusados de receptación, pues estos delitos no solo correspondían a quienes mataban al animal, sino también a quien compraba el producto obtenido de manera ilegal.
El nuevo Código Penal, el cual debe entrar en vigor el próximo año, aumentará la condena que reciban aquellas personas que sean sorprendidas cometiendo estos crímenes (de tres a ocho a años de cárcel), esto en un intento por disminuir la cantidad de carne que el Gobierno no puede captar para su posterior venta.
Pese a las amenazas, cada vez más personas recurren al mercado informal para comprar carne, pues esta se encuentra prácticamente desaparecida de las tiendas estatales, y las pocas veces que llega, se agota en cuestión de minutos.
