Al menos 300 personas perderán la ciudadanía en EEUU: esta es la razón

El gobierno de Estados Unidos analiza retirar la ciudadanía a al menos 300 personas nacidas en el extranjero por presunto fraude en su proceso de naturalización, en una nueva medida que forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.

La revisión está siendo coordinada por el Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que han movilizado personal en todo el país para identificar casos.

De acuerdo con fuentes citadas por NBC News, fiscales federales ya trabajan en distintas regiones para avanzar en estos procesos. Un portavoz del DOJ afirmó que el objetivo es actuar con rapidez contra quienes hayan obtenido la ciudadanía de manera fraudulenta.

“Estamos actuando a una velocidad vertiginosa para garantizar que los defraudadores rindan cuentas y sean procesados con todo el rigor de la ley”, señaló.

Aunque históricamente estos casos han sido poco comunes y se enfocaban en personas que ocultaron delitos graves, como crímenes de guerra o antecedentes penales, el contexto actual muestra un enfoque más amplio.

La administración Trump ha impulsado una política más estricta no solo contra quienes cometieron fraude, sino también contra migrantes en general, incluidos cubanos y personas que ingresaron legalmente al país o que se encuentran en procesos de regularización.

Su administración se ha caracterizado por un aumento en detenciones, cancelación de beneficios migratorios y presiones legales sobre extranjeros en distintas etapas de su estatus.

Estas acciones han generado preocupación entre comunidades migrantes, ya que incluso quienes cumplen con los requisitos legales han sido afectados por nuevas interpretaciones y controles más severos, mientras el propio presidente prometió perseguir incluso a los inmigrantes legales.

En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había advertido públicamente que se iniciaría el retiro de visas, pues una visa “no es un derecho, es un privilegio”, y que puede ser cancelada en cualquier momento.

También se ha señalado desde el gobierno que podrían revocarse visas, residencias permanentes (green cards) e incluso ciudadanías a personas que incurran en conductas consideradas “antiamericanas”, lo que básicamente considera a cualquiera que critique la actual administración.

Un caso reciente ilustra el tipo de acciones que se están llevando a cabo. La cubana Mirelys Cabrera Díaz, residente en Hialeah, perdió su ciudadanía estadounidense luego de que un tribunal federal determinara que ocultó su participación en un fraude contra el sistema de salud antes de naturalizarse.

Cabrera Díaz se declaró culpable en 2019, fue condenada a 29 meses de prisión y obligada a devolver el dinero. La corte determinó que, de haber revelado estos antecedentes, no habría calificado para la ciudadanía.

Otro cubano también perdió su ciudadanía por un crimen. Cada año, alrededor de 800.000 personas obtienen la ciudadanía estadounidense, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, bajo la actual administración, el proceso enfrenta mayores controles y revisiones, en línea con una política migratoria más restrictiva.

Estas medidas se suman a un conjunto más amplio de acciones que han marcado la agenda migratoria reciente, incluyendo deportaciones, cancelaciones de permisos y un mayor escrutinio sobre extranjeros.

Para muchos migrantes, incluidos los cubanos, el panorama se ha vuelto más incierto, incluso para aquellos que han seguido los canales legales establecidos para residir en EEUU, como fue el caso de un padre cubano arrestado tras la boda de su hija, y que ahora será deportado a México.