Al menos 67 jóvenes han muerto en el Servicio Militar en Cuba desde 2018
Según el recuento, la causa más frecuente fue el suicidio, con 27 casos en los últimos años
Un informe divulgado a inicios de abril por el investigador y periodista José Manuel González Rubines colocó otra vez bajo escrutinio al Servicio Militar Activo en Cuba, al registrar al menos 67 muertes de jóvenes vinculadas a ese sistema entre 2018 y 2026.
El trabajo, publicado en Cuba x Cuba, se apoyó en la base de datos del proyecto Archivo Cuba y en otros casos comprobados por vías independientes, en un país donde muchas denuncias solo salen a la luz por presión familiar o reportes de medios no estatales.
Según el recuento, la causa más frecuente fue el suicidio, con 27 casos. Le siguieron 16 fallecimientos atribuidos a negligencias graves, 14 accidentes, cuatro muertes por negación de atención médica, tres asesinatos y tres casos cuya causa no pudo ser determinada.
Suicidios, negligencias y accidentes en el SMA
El registro no se presenta como una cifra definitiva. Archivo Cuba define su base de datos como un “trabajo en progreso”, lo que sugiere que el número podría aumentar. González Rubines precisó además que se incorporaron “otros casos verificados de forma independiente”, una observación clave en medio del hermetismo que suele rodear este tipo de hechos en la Isla.
La investigación vuelve a poner en primer plano un sistema de carácter obligatorio. El Decreto-Ley 224 establece que “todos los ciudadanos cubanos del sexo masculino” deben cumplir el Servicio Militar a partir de los 18 años.
Adicionalmente, cada diciembre, el Ministerio de las Fuerzas Armadas inscribe en ese proceso a adolescentes que al año siguiente cumplirán 16.
Un sistema obligatorio sin objeción
A esa imposición se suma la falta de una objeción de conciencia reconocida como derecho. En 2013, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, representantes oficiales del régimen afirmaron que “no existía el derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar”, aunque admitieron variantes alternativas y la exención del uso de armas por razones religiosas.
El marco legal también castiga a quienes intenten evadir la incorporación. El Código Penal vigente contempla hasta un año de privación de libertad, o multa, o ambas sanciones, para quien incumpla los trámites del SMA o de la Reserva. Si existe engaño, la pena puede subir a dos años.
Denuncias de encierro
Las consecuencias del reclutamiento alcanzan también a quienes aspiran a estudiar. Una resolución del Ministerio de Educación Superior dispone que los varones llamados al SMA y admitidos en cursos diurnos universitarios deben acogerse al ingreso diferido, bajo reglas fijadas por el MINFAR.
En el texto citado por Cuba x Cuba, dos exreclutas describieron esa etapa como una experiencia de encierro. Uno de ellos resumió: “Sentíamos que estábamos presos ahí”.
Entre los episodios más visibles figuran tragedias reconocidas incluso por medios oficiales. En agosto de 2022, Granma publicó la identidad de los 14 desaparecidos en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas y elevó a 16 la cifra total de muertos.
En enero de 2025, tras las explosiones en Melones, Holguín, el MINFAR reportó la desaparición de 13 militares. Días después, el propio Granma informó que no existía “posibilidad alguna de vida en el lugar”. El artículo de Cuba x Cuba sostiene que nueve de ellos eran reclutas y cuatro, oficiales.
La ONG Cubalex añadió otra señal de alarma en diciembre de 2025, al afirmar que su subregistro documentó al menos 19 jóvenes fallecidos ese año mientras cumplían el SMA. La organización denunció que esas muertes ocurrieron “sin protocolos adecuados de prevención, supervisión ni atención médica oportuna” y aseguró que muchas familias chocan luego con silencio, intimidación y ausencia de respuestas.
