Cuba aprieta el control sobre los asilos privados con nuevas reglas del Minsap
Se definió cómo deben operar estas residencias, qué requisitos deben reunir y bajo qué esquema de control funcionarán
El Ministerio de Salud Pública de Cuba aprobó una nueva normativa para autorizar y vigilar los servicios de cuidado ofrecidos por actores económicos no estatales a adultos mayores y personas en situación de discapacidad, según la Gaceta Oficial No. 35 del 21 de abril de 2026.
La disposición fija cómo deben operar estas residencias privadas, qué requisitos deben reunir y bajo qué esquema de control funcionarán, en un país donde muchas de esas exigencias ni siquiera están garantizadas de forma estable por las propias instituciones estatales.
La medida quedó recogida en la Resolución 247/2025 y entrará en vigor a finales de mayo de 2026. El texto confirma que quienes deseen abrir uno de estos centros necesitarán un aval de la Dirección Municipal de Salud.
Ese visto bueno deberá emitirse en un plazo de cinco días y servirá para certificar si el solicitante cumple con las condiciones impuestas por el sistema sanitario.
Nuevas reglas para asilos privados en Cuba
Entre los requisitos exigidos aparecen condiciones materiales que en la realidad cubana resultan difíciles de sostener. Las instalaciones tendrán que estar en buen estado, sin barreras arquitectónicas y con acceso garantizado a agua potable, electricidad y ventilación.
También se exige contar con agua caliente, baños adaptados y espacios suficientes para asegurar comodidad y movilidad a los residentes.
La resolución añade una obligación especialmente compleja en medio de la crisis energética de la Isla: cada centro deberá disponer de una fuente alternativa de energía que funcione al margen del sistema electroenergético nacional.
En un escenario de apagones prolongados, combustible escaso y deterioro de la infraestructura, ese requisito eleva los costos de entrada para cualquier emprendimiento privado.
Otro de los puntos centrales es la preparación del personal. Los titulares y trabajadores deberán formarse en escuelas estatales de cuidadores acreditadas.
Adicionalmente, cada residencia tendrá que reservar el 10% de su capacidad para personas con necesidades sociales, una exigencia que introduce una carga adicional sobre negocios que, al mismo tiempo, estarán sometidos a límites de operación y supervisión continua.
Exigencias sanitarias y médicas del Minsap
Desde el punto de vista clínico, los centros quedarán conectados a la red pública de salud. Cada residente deberá presentar un resumen de su historia médica al ingresar. No podrán admitirse personas con enfermedades infecciosas no controladas ni quienes requieran atención hospitalaria.
Las evaluaciones médicas serán mensuales y las revisiones estomatológicas, anuales. La norma también reconoce que debe protegerse la dignidad, la autodeterminación y la integridad de los beneficiarios, con prohibición expresa de discriminación, violencia o maltrato dentro de las instalaciones.
Inspecciones y control estatal
La regulación establece tres modalidades de servicio: atención diurna, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; atención permanente durante las 24 horas; y un formato combinado. Ningún local podrá superar una capacidad de 60 personas. Ese límite busca ordenar el servicio, pero también dibuja un modelo altamente intervenido por el Estado.
Durante el primer año de funcionamiento, las inspecciones serán mensuales. Después pasarán a ser trimestrales, a cargo de equipos multidisciplinarios de atención gerontológica. Las autoridades locales deberán reaccionar con rapidez ante cualquier señal de irregularidad o maltrato, lo que refuerza el peso del aparato administrativo sobre el sector.
La atención médica que aporte el sistema público será gratuita y no podrá incluirse en las tarifas del servicio privado. Aunque la norma reconoce la necesidad de ampliar la atención a una población envejecida y vulnerable, lo hace bajo un marco de vigilancia intensa, permisos previos y requisitos costosos.
Más que una apertura real, el nuevo esquema parece confirmar que el régimen solo cede espacio al sector privado cuando puede mantenerlo bajo control.
