Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set en República Dominicana, fueron arrestados este viernes 13 de junio por su presunta responsabilidad en el derrumbe que dejó 236 muertos.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, fallecido en el lugar, cuando el techo del establecimiento se vino abajo en toda la parte central del establecimiento.
Ambos fueron presentados ante la Procuraduría General de la República, donde se les notificaron cargos por homicidio involuntario y negligencia.
Según un comunicado de la fiscalía, los propietarios no actuaron a tiempo para corregir el deterioro estructural del techo, lo que habría contribuido directamente al colapso.
Entre los fallecidos estaban Rubby Pérez, el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel y la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz.
Las autoridades informaron que 221 cuerpos fueron recuperados del sitio, y el resto murió posteriormente en hospitales.
Hasta ahora, se han presentado más de 50 demandas civiles contra los Espaillat. Además de la discoteca, la familia es propietaria de un grupo de medios de comunicación y un restaurante.
Diversos sectores de la población han criticado el trato que recibieron por parte de las autoridades, al considerarlo privilegiado.
Una de las querellas fue presentada por Zulinka Pérez, hija del artista fallecido. “Antonio es responsable ante mí, ante un pueblo, ante tantas vidas”, declaró Pérez en una entrevista con Univisión.
Jet Set operaba en un edificio de dos pisos construido en 1994, que inicialmente funcionó como cine. A lo largo del tiempo, la estructura fue modificada sin supervisión adecuada de los entes reguladores.
Tras el colapso, se halló un agujero en el techo, donde se habían colocado unidades de aire acondicionado y plantas eléctricas, lo que, según ingenieros, generó una sobrecarga en la losa.
Antonio Espaillat reconoció anteriormente que el inmueble presentaba filtraciones desde hacía años y que nunca fue evaluado estructuralmente.
En vez de realizar refuerzos, se optó por reparaciones superficiales como la instalación de paneles de yeso.
En esas declaraciones, también afirmó que no tiene planes de reconstruir el lugar ni reutilizar el terreno.
“El tiempo pondrá las cosas en su lugar y ahí irá viendo qué pasará”, dijo entonces.
Tras el derrumbe, el Ministerio de Salud Pública desplegó un operativo para identificar a las víctimas. En total, participaron 62 médicos forenses y 107 técnicos.
Las autoridades informaron que más del 80% de los cuerpos requirieron comparación de datos biométricos.
El gobierno dominicano reconoció públicamente que existe un vacío legal en la regulación de edificaciones, y anunció que revisará la normativa actual para evitar hechos similares en el futuro.
