La administración del presidente Joe Biden continúa la implementación de su propia política en materia migratoria, revocando una normativa establecida durante el mandato de Donald Trump que impedía a migrantes obtener la residencia legal si estos se beneficiaron de ciertas prestaciones del Gobierno.
La ‘Regla de Carga Pública’ fue criticada en su momento por aquellos que abogan a favor de los migrantes, señalando que era injusta y estaba diseñada para perjudicar a miles de migrantes de escasos recursos que deseaban obtener su residencia legal.
“En congruencia con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por optar acceder a las prestaciones de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”, declaró al respecto el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, mediante un comunicado oficial.
Según indicó la agencia de noticias Reuters, el funcionario señala que este cambio asegura un trato más humano y justo para los migrantes legales y sus familiares, agregando que la nueva medida entraría en vigor el 23 de diciembre del año en curso.
La medida implementada por Trump clasificaba como una “carga pública” a todo aquel migrante que dependiera de un beneficio del gobierno por más de 12 meses en cualquier período de tres años.
Antes de que se implementara, los migrantes podían acceder a beneficios no económicos como el Medicaid y la asistencia nutricional (Food Stamps), pero el temor de no poder ser elegibles para una residencia provocó que estos ya no se inscribieran a dichos programas. Esto afectó a niños estadounidenses que vivían en hogares de estatus mixtos.
Con la nueva medida de Biden, estas mismas personas ya no corren el riesgo de perder la oportunidad de convertirse en residentes permanentes si acceden a ciertos beneficios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) u otros enfocados a la nutrición.
De igual manera, podrán optar por ser beneficiados por el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), y el Medicaid (excepto para la institucionalización a largo plazo). Los migrantes también podrán gozar de los beneficios de vivienda y vacunas, así como pruebas de enfermedades transmisibles.
“El Departamento de Seguridad Nacional desarrollará una actualización del Manual de políticas, para ayudar a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) a aplicar esta regulación de manera justa y consistente y para informar mejor al público sobre cómo se implementará la regla”, agrega el comunicado.
Ahora, la administración de Biden trabajará en los próximos meses para divulgar la información y así minimizar la confusión entre los migrantes y ciudadanos estadounidenses.
“Continuaremos trabajando para derribar las barreras en el sistema de inmigración, restaurar la fe y la confianza con nuestras comunidades de inmigrantes y eliminar las cargas excesivas en el proceso de solicitud”, añadió por su parte la directora de USCIS, Ur M. Jaddou.
