La comercialización de antenas Starlink en Cuba vuelve a estar bajo la mira de las autoridades. Una denuncia divulgada el sábado 24 de octubre asegura que varias personas de Santa Clara, provincia de Villa Clara, recibieron penas de cuatro y cinco años de cárcel por participar en la distribución de estos dispositivos de internet satelital. La información todavía carece de confirmación judicial independiente.
El señalamiento procede del perfil de Facebook Alejandro Noticias Cuba, identificado con posiciones favorables al gobierno. Según esa publicación, los implicados formaban parte de una operación dedicada a introducir los equipos en el país y venderlos sin los permisos exigidos por las autoridades.
La misma fuente sostiene que agentes estatales registraron diferentes inmuebles y confiscaron 37 antenas. También habrían sancionado a personas encargadas de transportar los dispositivos. Los compradores, por su parte, habrían recibido multas de 100.000 pesos cubanos, además de perder los aparatos adquiridos.
¿Están confirmadas las condenas por vender Starlink?
Aunque el mensaje presenta las sanciones como hechos consumados, no ofrece nombres de los procesados, expedientes ni documentos que permitan comprobar los procedimientos judiciales. Tampoco identifica al tribunal encargado de emitir las presuntas sentencias.
El Código Penal cubano establece, en su artículo 295, castigos de tres a ocho años de privación de libertad para determinadas actividades de telecomunicaciones realizadas sin autorización. La disposición alcanza a quienes organizan o financian esos servicios y a quienes comercializan equipos vinculados a su prestación ilegal.
Cuba mantiene restricciones al acceso a internet satelital
Las limitaciones impuestas a Starlink forman parte de una política estatal que restringe el funcionamiento de conexiones independientes. Durante 2025 se reportó la ocupación de 20 kits satelitales y 85 routers, mientras que en 2026 continuaron las denuncias de operativos contra estos dispositivos.
Pese a las prohibiciones, existe un mercado informal. Reportes periodísticos han situado el precio de las antenas entre 1.300 y 1.800 dólares. También se han documentado conexiones compartidas entre usuarios que pagan cuotas mensuales de 50 a 80 dólares.
El monopolio de Etecsa frente a las nuevas tecnologías
El interés por estos sistemas surge en un contexto de dificultades para acceder a internet mediante Etecsa, la empresa estatal que controla las telecomunicaciones nacionales. Los precios, las restricciones de consumo y los problemas de conexión impulsan la búsqueda de otros proveedores.
Sin embargo, el gobierno cubano mantiene barreras legales para operar servicios satelitales independientes. Estas medidas limitan la competencia y pueden convertir la venta de equipos de comunicación en una actividad con consecuencias penales.
La publicación sobre Santa Clara también exhorta a denunciar a quienes participen en la importación, transporte o comercialización de antenas. Por ahora, las supuestas condenas y multas permanecen sin corroboración oficial, aunque el caso vuelve a poner de relieve los riesgos legales de buscar alternativas al monopolio estatal de internet.
