Cuba publicó este lunes 9 de noviembre en la Gaceta Oficial un paquete de cuatro normas que reorganiza la ciencia, incorpora al sector privado y promueve la colaboración de investigadores emigrados. La Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus disposiciones complementarias entrarán en vigor el 8 de enero de 2027, bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).
La Gaceta Oficial número 94 reúne la Ley 182/2025, el Decreto-Ley 139/2026 sobre la Academia de Ciencias de Cuba y los decretos 154/2026 y 155/2026. La Asamblea Nacional aprobó la legislación en diciembre de 2025. El conjunto sustituye disposiciones anteriores y regula financiamiento, formación, comercialización de resultados y derechos de los autores.
Hoy se publicó la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, fruto de la construcción colectiva de investigadores, profesores, estudiantes, innovadores y empresarios a lo largo y ancho del país.
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— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 9, 2026
Qué establece la ley para los científicos cubanos emigrados
El artículo 75 estimula la participación de investigadores residentes en el extranjero en proyectos conjuntos, formación profesional, servicios tecnológicos y encuentros científicos en Cuba. También promueve el retorno del potencial científico. Sin embargo, no concreta incentivos económicos, facilidades migratorias ni garantías laborales para quienes regresen o colaboren desde otros países.
La normativa incluye a universidades, centros de investigación, empresas estatales y privadas, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y asociaciones. Esa participación permanecerá dentro de una estructura dirigida por el Estado. El Citma coordinará el sistema y el Consejo Nacional de Innovación, presidido por el presidente de la República, recomendará decisiones.
Derechos de investigación y restricciones sobre proyectos sensibles
El texto reconoce la elección de métodos de investigación, la colaboración internacional y el intercambio de opiniones. Prohíbe la discriminación y protege la propiedad intelectual. Al mismo tiempo, exige discreción sobre proyectos sensibles por razones económicas, sociopolíticas o de seguridad nacional. Entre sus objetivos incluye perfeccionar la dirección de la construcción del socialismo.
Los recursos podrán proceder del presupuesto estatal, utilidades empresariales, créditos, inversión extranjera, cooperación y donaciones. Las entidades científicas podrán cobrar servicios y regalías. Las empresas estatales deberán invertir en investigación y explicar sus incumplimientos. La legislación plantea elevar la proporción del producto interno bruto destinada al sector, sin establecer un porcentaje obligatorio.
El Fondo Financiero de Ciencia e Innovación respaldará proyectos y formación de especialistas. Contempla aportes mediante una deducción del 10 % del impuesto sobre utilidades de determinadas entidades, cuando corresponda. También prevé capital semilla, microcréditos y fondos no reembolsables. Los beneficiarios de recursos públicos deberán rendir cuentas sobre su uso.
Nuevas categorías para investigadores y pagos por innovaciones
El Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos tendrá cinco categorías, desde colaborador hasta emérito, con convocatorias anuales en enero y reconocimientos por cinco años renovables. La evaluación considerará publicaciones, patentes, formación y resultados aplicados. Podrán acceder trabajadores privados, estudiantes, técnicos, jubilados activos y personas sin afiliación institucional formal.
El reglamento exige depositar publicaciones y datos en repositorios abiertos, con excepciones por confidencialidad, privacidad, propiedad industrial y seguridad nacional. Además, regula la evaluación ética de investigaciones con seres humanos y del uso de inteligencia artificial. La Academia de Ciencias continuará como institución oficial del Estado, con autonomía de gestión.
Los autores de innovaciones podrán recibir un anticipo de hasta el 10 % de la remuneración estimada durante los primeros treinta días de aplicación. El resto deberá pagarse dentro de los sesenta días posteriores al primer año. Las entidades aportarán a la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores el 4 % del efecto económico favorable.
