DeSantis firma ley contra empresas de Florida que hagan negocios con el castrismo
La normativa también endurece controles sobre procesos de adopción y acuerdos de subrogación con ciudadanos o residentes de esos países
El gobernador de Ron DeSantis aprobó este viernes una nueva legislación en Florida que amplía las restricciones contra Cuba y otros gobiernos considerados adversarios de Estados Unidos. La firma de la medida se realizó en el Bay of Pigs Museum and Library, un sitio emblemático para el exilio cubano en Miami.
La norma, presentada como una ley contra la injerencia extranjera de “países de preocupación”, busca reforzar controles sobre vínculos políticos, comerciales e institucionales con gobiernos señalados como amenazas para la seguridad.
Además de Cuba, la legislación incluye a China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria y el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Durante el acto, DeSantis aseguró que Florida necesita “un buen vecino” a poca distancia de sus costas y reiteró su postura contra el régimen cubano.
“Es hora de que la dictadura comunista cubana quede en el pasado de una vez por todas”, afirmó el gobernador ante representantes del exilio y funcionarios locales.
La nueva disposición amplía restricciones que ya existían en el estado relacionadas con inversiones públicas, acuerdos académicos, contratos gubernamentales y compra de propiedades vinculadas a esos países.
Uno de los puntos principales prohíbe que empleados públicos o funcionarios estatales reciban regalos, beneficios o cualquier tipo de ventaja procedente de gobiernos considerados hostiles o de entidades relacionadas con ellos.
En el caso de Cuba, la legislación también permite a gobiernos locales y autoridades fiscales retirar licencias comerciales a empresas o personas que mantengan negocios con el régimen cubano en violación de leyes federales estadounidenses.
La medida apunta especialmente a operaciones consideradas no autorizadas o que puedan favorecer económicamente a La Habana.
El texto establece además posibles sanciones más severas para quienes incumplan las regulaciones vigentes. El discurso político alrededor de la ley quedó resumido en una frase repetida durante la presentación: “no podemos hacer negocios con criminales”.
La normativa también endurece controles sobre procesos de adopción y acuerdos de subrogación relacionados con ciudadanos o residentes de esos países. Asimismo, impide que el estado transfiera o reciba fondos de organizaciones clasificadas como terroristas.
Otro apartado crea herramientas legales para identificar y designar grupos terroristas nacionales o extranjeros, reforzando la capacidad del estado para actuar contra entidades consideradas una amenaza financiera, política o de seguridad pública.
Pese al endurecimiento general, la ley incluye una cláusula que permitiría flexibilizar temporalmente algunas restricciones comerciales hacia Cuba si el gobierno federal impulsa un proceso de transición hacia una “Cuba libre e independiente”. Sin embargo, cualquier alivio dependería de cambios políticos concretos en la Isla.
La promulgación ocurre en medio de una etapa de mayor presión política contra La Habana tanto desde Florida como desde Washington.
En las últimas semanas, figuras de la administración federal han insistido en nuevas sanciones económicas y medidas dirigidas contra estructuras vinculadas al régimen cubano.
Para sectores del exilio en el sur de Florida, la aprobación de esta legislación representa tanto una acción simbólica como una herramienta legal destinada a aumentar el aislamiento político y económico de gobiernos considerados enemigos de Estados Unidos.
