DHS utiliza base de datos de Medicaid para identificar a inmigrantes en EEUU
Muchos migrantes consideran que esto podría facilitarle a las autoridades locales su detención y posterior deportación
Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) obtuvo acceso a los datos personales de millones de inmigrantes que están inscritos en Medicaid, un movimiento que ha generado gran preocupación sobre su posible uso para la localización y deportación de personas.
Esta acción, parte de la ofensiva contra la inmigración ilegal del gobierno de Donald J. Trump, fue revelada a través de correos electrónicos y memorandos internos obtenidos por The Associated Press.
El impacto de la medida en los inmigrantes
La transferencia de los datos fue ordenada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a pesar de los esfuerzos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) por bloquearla.
Según los funcionarios de CMS, la transferencia violaba leyes federales como la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974. No obstante, el 10 de junio, los responsables del HHS indicaron que la medida era completamente legal, lo que llevó a su ejecución.
California, Illinois, Washington y Washington D.C. fueron algunos de los estados cuyos datos fueron entregados al DHS, ya que estos permiten que inmigrantes no autorizados se inscriban en Medicaid utilizando fondos estatales.
Para muchos inmigrantes, esta transferencia podría ser una vía para que las autoridades locales faciliten su deportación.
Resistencia de los estados
Ante esta nueva política, varios estados, como California, han comenzado a congelar la inscripción en Medicaid para inmigrantes no autorizados. Esta decisión responde tanto a los recortes presupuestarios como a las implicaciones legales de la medida.
De igual manera, muchos gobernadores han expresado su preocupación sobre cómo esto afectará a las comunidades vulnerables, especialmente a aquellas que dependen de los programas de salud pública para sobrevivir.
El hecho también ha desatado un debate más amplio sobre el acceso a la salud para los inmigrantes, con énfasis en la ética de compartir información personal sensible con agencias de inmigración.
A pesar de las críticas, el gobierno de Trump ha defendido su decisión, asegurando que la transferencia era necesaria para garantizar que los beneficios de Medicaid lleguen solo a quienes tienen el derecho legal de recibirlos.
¿Una amenaza para los inmigrantes?
Los expertos han advertido que la utilización de estos datos podría complicar aún más el proceso de obtención de residencia legal o ciudadanía para los inmigrantes que han utilizado Medicaid en el pasado.
La posibilidad de que la información sea usada para localizaciones o deportaciones está generando un temor generalizado en las comunidades inmigrantes, que ya enfrentan numerosas barreras para regularizar su situación.
El portavoz del HHS, Andrew Nixon, defendió la medida argumentando que se cumplió con la ley y que era parte de los esfuerzos del gobierno para garantizar la integridad del programa Medicaid.
La administración Trump ha reiterado su postura de que los inmigrantes ilegales no deben beneficiarse de los servicios públicos destinados a ciudadanos estadounidenses, un argumento que sigue siendo polémico en diversos sectores.
