Miguel Díaz-Canel presentó ante el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba una agenda económica de emergencia con la que el Gobierno intenta responder a la profunda crisis que atraviesa el país.
El discurso incluyó propuestas relacionadas con la inversión extranjera, la empresa estatal, el sector privado, la producción agropecuaria, la energía solar, los subsidios, los precios, la banca, la digitalización y la participación de los cubanos residentes en el exterior.
Aunque el gobernante volvió a responsabilizar al embargo de Estados Unidos por buena parte de la situación nacional, también reconoció la existencia de trabas internas que han contribuido al deterioro económico.
Entre esos obstáculos mencionó la burocracia, la lentitud administrativa, las normas restrictivas y decisiones que, según admitió, fueron postergadas durante años. Su frase de que el país no puede limitarse a “explicar mejor la crisis”, sino que debe “cambiar lo que haya que cambiar”, marcó uno de los puntos más relevantes del discurso.
La agenda anunciada busca estabilizar la macroeconomía, recuperar ingresos externos, aumentar la producción y atraer capital. Díaz-Canel defendió la creación de riqueza como una condición indispensable para sostener la justicia social.
Según afirmó, si el país no produce, no habrá recursos que distribuir. Sin embargo, las medidas se plantean dentro del marco del socialismo y bajo la conducción del Estado, lo que indica que se trata de una apertura económica parcial, no de una reforma política.
Uno de los ejes centrales fue la reforma de la empresa estatal socialista, a la que el Gobierno sigue considerando el pilar de la economía. Díaz-Canel habló de otorgarle mayor autonomía, capacidad de inversión, facultades para pagar mejores salarios y responsabilidad directa sobre sus resultados.
También propuso separar con más claridad las funciones estatales de las empresariales, una medida que podría reducir el control de los ministerios sobre empresas ineficientes. No obstante, no precisó qué ocurrirá con las entidades deficitarias ni qué consecuencias enfrentarán los directivos que incumplan sus objetivos.
En cuanto al sector privado, el gobernante propuso revisar la lista de actividades prohibidas y sustituir restricciones por regulaciones cuando sea posible.
Mencionó la flexibilización del objeto social de las mipymes, la reducción de trámites y la posibilidad de facilitar asociaciones entre formas de gestión estatal y no estatal.
Otro punto relevante fue la intención de permitir importaciones y exportaciones directas para empresas estatales y privadas, eliminando intermediarios obligatorios que durante años encarecieron y ralentizaron operaciones.
La producción de alimentos ocupó un lugar importante en la intervención. Díaz-Canel reconoció que la crisis alimentaria debe tratarse como un asunto de seguridad nacional y propuso ampliar la entrega de tierras en usufructo a campesinos, cooperativas, mipymes y otras formas productivas.
Con relación a que las tierras ociosas deberán ponerse a producir o entregarse a quienes estén dispuestos a trabajarlas. El planteamiento reconoce problemas estructurales del agro cubano, como la falta de insumos, los bajos incentivos, los controles estatales y la improductividad de grandes extensiones de tierra.
El mandatario también abordó la inversión extranjera. Admitió que existen demasiadas trabas y propuso dar mayor iniciativa al inversor foráneo, abrir espacios en el sector privado nacional e incluir a las mipymes en proyectos con capital externo.
Además, envió un mensaje a los cubanos residentes en el exterior, a quienes dijo que se les debe ofrecer un marco estable para invertir, donar, importar tecnología o desarrollar proyectos en la isla. Sin embargo, el discurso no resolvió una de las principales preocupaciones de la emigración: la falta de garantías jurídicas, políticas y patrimoniales.
La crisis energética fue otro de los temas más sensibles. Díaz-Canel la describió como un problema humano, económico y nacional, por su impacto en estudiantes, ancianos, hospitales, trabajadores y negocios.
Propuso acelerar la incorporación de energía solar, facilitar la entrada de empresas extranjeras que suministren paneles, baterías e inversores, y eliminar impuestos relacionados con la venta, instalación y mantenimiento de esas tecnologías.
También habló de créditos y mecanismos de financiamiento para evitar que las soluciones solares queden solo al alcance de quienes tienen mayor poder adquisitivo.
El discurso incluyó además propuestas sobre transporte eléctrico, estaciones de carga solar e incentivos para vehículos movidos total o parcialmente con energía renovable. En el plano social, Díaz-Canel planteó sustituir subsidios generalizados por apoyos directos a personas vulnerables.
Según dijo, la canasta básica deberá garantizarse de forma focalizada a jubilados, familias con niños enfermos crónicos y otros sectores necesitados. Este cambio confirma que el Estado ya no puede sostener subsidios universales como en décadas anteriores.
En materia de precios, el gobernante reconoció que los topes no lograron contener la inflación y que, en muchos casos, provocaron desabastecimiento, desvío de productos hacia la ilegalidad y mayores distorsiones.
Como alternativa, propuso una regulación más realista, acompañada de protección social focalizada y aumento de la producción. También admitió preocupación por la dolarización parcial, aunque defendió los negocios en divisas si generan ingresos verificables para sostener ofertas en moneda nacional.
Díaz-Canel anunció además cambios fiscales y financieros, como avanzar hacia un IVA acreditable con facturación electrónica, modernizar el sistema bancario, permitir nuevas instituciones financieras privadas y extranjeras bajo regulación, facilitar créditos, pagos digitales y operaciones internacionales. También defendió el uso de la digitalización y la inteligencia artificial para trámites, impuestos, estadísticas, agricultura, salud, energía, comercio exterior y banca.
Otro punto fue el aprovechamiento de activos estatales ociosos mediante un mercado inmobiliario productivo regulado.
La propuesta incluye arrendamientos, concesiones, derechos de uso y licitaciones de locales, almacenes, oficinas, talleres e instalaciones turísticas. Sin embargo, no se detallaron reglas de acceso, garantías, precios ni mecanismos para evitar discrecionalidad.
En conjunto, los anuncios muestran que el Gobierno reconoce la gravedad de la crisis y las fallas internas del modelo económico.
Pero las medidas buscan preservar el sistema, no sustituirlo. Su eficacia dependerá de la aplicación real, la reducción efectiva de controles, la seguridad jurídica para productores e inversionistas y la disposición del Estado a ceder espacios que durante años mantuvo bajo control político y burocrático.
