La administración de Donald Trump considera que el poder en Cuba no depende únicamente de Miguel Díaz-Canel, sino de una red integrada por la familia Castro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, dirigentes del Partido Comunista y estructuras económicas vinculadas al Estado.
Ese diagnóstico, atribuido a funcionarios estadounidenses consultados por Bloomberg, estaría guiando una estrategia de presión financiera sobre los principales centros de influencia de la Isla.
Díaz-Canel asumió la Presidencia en 2018 como parte del relevo posterior a Fidel y Raúl Castro. Sin embargo, Washington estima que su llegada no modificó sustancialmente las estructuras políticas, militares y empresariales acumuladas durante décadas, por lo que un eventual cambio en la jefatura del Estado no garantizaría por sí solo una transformación del sistema.
EEUU identifica varios centros de poder dentro de Cuba
Según el análisis atribuido a funcionarios estadounidenses, entre los principales núcleos de influencia aparecen las Fuerzas Armadas, la dirección del PCC, personas relacionadas con la familia Castro y descendientes de figuras históricas de la revolución. Las relaciones entre esos sectores dificultarían cualquier intento de negociar una transición mediante la salida de una sola figura.
Washington presta especial atención a GAESA, conglomerado asociado a los militares y presente en sectores que generan divisas, entre ellos turismo y comercio. Para la administración estadounidense, reducir los ingresos de estas estructuras permitiría presionar directamente a uno de los soportes económicos más importantes del aparato gubernamental.
Las sanciones buscan golpear las fuentes de ingresos
Estados Unidos designó a GAESA el 7 de mayo bajo la Orden Ejecutiva 14404 y amplió posteriormente las restricciones contra otras entidades. El 13 de julio, el Ministerio de Turismo quedó incluido en una nueva ronda de medidas destinadas, según Washington, a limitar recursos vinculados con estructuras estatales y militares.
La opción de una operación militar no habría desaparecido por completo, pero habría perdido prioridad frente a la presión económica. Las fuentes citadas por Bloomberg sostienen que la estrategia busca reducir ingresos, provocar diferencias dentro de la élite y crear condiciones que puedan conducir eventualmente a negociaciones.
Esa política también enfrenta riesgos. Una crisis económica más profunda no garantiza una transición democrática y podría generar mayor resistencia, disputas entre facciones o una reorganización interna capaz de preservar buena parte del sistema existente.
Washington también ve dificultades para una eventual transición
Otro obstáculo identificado es la ausencia de una figura opositora de consenso que pueda asumir rápidamente el liderazgo ante una fractura del Gobierno. Bloomberg señala que Estados Unidos no identifica por ahora una personalidad con reconocimiento suficiente para encabezar de inmediato un proceso de transición.
Marco Rubio también ha señalado que desmontar un sistema construido durante casi siete décadas requeriría tiempo. La expectativa atribuida a Washington es que, antes de enero de 2029, Cuba pueda encontrarse encaminada hacia un escenario político diferente, lo que apunta a una estrategia prolongada y no a un desenlace inmediato.
La conclusión del análisis estadounidense es que Díaz-Canel representa la cara visible del Gobierno, pero no concentra todo el poder. Para Washington, cualquier transformación dependería de quién controle las Fuerzas Armadas, el PCC, las fuentes de divisas y los grandes conglomerados económicos, razón por la cual la presión actual estaría dirigida contra esa red y no exclusivamente contra el presidente cubano.