La administración del presidente estadounidense Joe Biden eliminará la “regla de carga pública de 2019” con el objetivo de establecer nuevas normas para la admisión o la residencia permanente en Estados Unidos.
Con esto, se evitarían penalizaciones para residentes permanentes que decidan acceder a los beneficios de salud u otros servicios ofrecidos por el Gobierno, pues es algo que va en contra de los valores por los que se rige la nación norteamericana.
“La regla de carga pública de 2019 no fue congruente con los valores de nuestra nación, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’ y las personas no serán penalizadas por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellas”, se lee en el comunicado firmado por Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.
La medida se enfoca en la aplicación de varios beneficios públicos como el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
El comunicado asegura que con esto se brindará un trato justo y humano a las personas que soliciten admisión a EEUU o que soliciten la residencia.
De igual manera, se especificó que ya no serán catalogadas como carga pública las personas que accedan a beneficios de programas asistenciales y nutricionales, al igual que los beneficios ofrecidos en el Medicaid, y los programas que ayudan a pagar costos vivienda y bonos de transporte.
Estos cambios forman parte de las promesas hechas por la administración de Joe Biden para deshacer políticas implementadas por Trump durante su gobierno entre 2017 y 2021, las cuales dejaron a muchos indocumentados sin posibilidad de optar por la residencia permanente en el país.
Con esto, EEUU busca establecer nuevos parámetros basados en definir la “probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento” como una “probabilidad” de depender en gran medida del Gobierno.
La nota compartida por las autoridades norteamericanas recuerdan que hay varios casos de “no ciudadanos” que se encuentran exentos de inadmisibilidad por carga pública, como refugiados, asilados, aquellos que solicitan o se reinscriben para el estatus de protección temporal, inmigrantes especiales juveniles, no inmigrantes y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer.
Esta nueva regla será publicada en el Registro Federal, y a partir de entonces, contará con un periodo de comentarios públicos de 60 días.
