Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y dirigente de Morena, está bajo el escrutinio de al menos dos agencias de seguridad de Estados Unidos, que analizan señalamientos sobre posibles vínculos con el crimen organizado y redes de contrabando de combustible.
La información fue revelada por The New York Times, que aclaró que hasta ahora no existe una investigación penal formal ni cargos en su contra.
El reporte se basa en cinco personas con conocimiento directo de las revisiones realizadas por las agencias estadounidenses, quienes hablaron bajo condición de anonimato.
Según esas fuentes, las autoridades se encuentran en una fase de recopilación y análisis de información, sin que se haya abierto formalmente un expediente criminal contra López Beltrán.
Agencias de EEUU revisan señalamientos contra Andy López Beltrán
Otro elemento revelado es que López Beltrán habría intentado contactar en varias ocasiones durante 2026 a funcionarios estadounidenses mediante intermediarios.
Tres personas familiarizadas con esas gestiones aseguraron que los acercamientos no produjeron conversaciones formales. Los reportes tampoco precisan cuál era el objetivo de esos contactos.
Parte de los señalamientos está relacionada con el llamado huachicol fiscal, modalidad de contrabando en la que gasolina o diésel ingresan bajo clasificaciones diferentes para evadir impuestos o controles aduaneros.
Las publicaciones también mencionan investigaciones anteriores sobre personas cercanas al hijo del expresidente y sus posibles relaciones con negocios de combustibles.
Entre los nombres mencionados aparece el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de los hijos de López Obrador y proveedor gubernamental durante el sexenio anterior. Investigaciones periodísticas lo han relacionado con contratos públicos y empresas del sector de combustibles.
Olán y los hijos del expresidente han rechazado previamente acusaciones sobre tráfico de influencias.
Revocación de su visa aumentó las interrogantes
El escrutinio adquirió mayor relevancia después de que López Beltrán informara el 13 de agosto de 2026 que Estados Unidos había revocado su visa. Washington no explicó públicamente las razones específicas.
La Embajada estadounidense señaló entonces que las visas pueden ser canceladas cuando existan razones para ello y recordó que constituyen un privilegio, no un derecho.
López Beltrán respondió enviando una carta al presidente Donald Trump. En ella negó haber cometido actos ilícitos y atribuyó la cancelación de su documento al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.
El político mexicano sostuvo que la decisión tenía motivaciones políticas.
Las autoridades mexicanas mantienen una posición diferente sobre el caso. La Fiscalía General de la República ha señalado que no existe una investigación abierta ni una orden de aprehensión contra López Beltrán por huachicol fiscal.
La fiscal general Ernestina Godoy también aseguró que no había elementos para proceder contra Amílcar Olán.
Sheinbaum cuestiona el reporte y pide pruebas
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el reporte del New York Times y destacó que el propio periódico reconoce que no existe una investigación formal en Estados Unidos.
También ha sostenido que algunas decisiones relacionadas con visas de figuras mexicanas pueden convertirse en instrumentos de presión política y ha insistido en que cualquier actuación judicial debe sustentarse en pruebas.
López Beltrán reapareció públicamente el 1 de octubre en Instagram, más de un día después de difundirse el reporte, pero no respondió directamente a los señalamientos.
En su lugar, compartió fragmentos de un video de su padre promocionando su libro Pueblo. Por ahora, el caso permanece en una etapa de revisión preliminar en Estados Unidos, sin acusación penal formal contra el dirigente de Morena.
