El gobierno cubano planea privatizar miles de restaurantes y locales gastronómicos en Cuba, informó la agencia de noticias Reuters, citando una fuente anónima.
Según el citado medio, el objetivo de esta reforma es de dejar en manos de trabajadores particulares el control de estos centros y despojarse de las pérdidas que ocasiona al presupuesto estatal estos centros que son subsidiados.
“El plan exige que una pequeña minoría de los más de 7.000 restaurantes administrados por el Gobierno formen nuevas empresas estatales no subsidiadas separadas de los políticos locales y que el resto pase a manos privadas”, reveló, bajo condición de anonimato, un alto funcionario del sector de servicios de alimentos de La Habana.
Todo parece indicar que el asunto tiene que ver con el “ordenamiento monetario” y se pondrá en práctica en los próximos meses. Según el corresponsal en La Habana de Reuters, “la medida se ve como una señal de que el país se está moviendo hacia un socialismo de mercado con un aumento de las empresas privadas, como Vietnam o China”.
Antes de las reformas iniciadas por Raúl Castro, solo en la capital cubana habían unos 1.900 restaurantes estatales, de los cuales 258 pasaron a ser cooperativas y empresas privadas mediante un sistema de arrendamiento.
Según la fuente, el 60% de estos locales lograron mejorar sus servicios y aumentaron los salarios entre un 600% y un 800%. Asimismo, señala que mejoraron los sistemas de control interno, disminuyendo los hurtos y desvíos.
Si bien el gobierno cubano rechazó hacer declaraciones a la agencia británica, esta consideró como una confirmación la noticia divulgada por la Agencia Cubana de Noticias (ACN) la pasada semana,
que informó sobre la creación de una empresa estatal local de restaurantes en la provincia de Camagüey que mantendrá el 15% de los 486 restaurantes administrados por el gobierno en el territorio.
“Las demás instalaciones pasarán a formas no estatales de gestión, ya sea en la modalidad de trabajo por cuenta propia o a cooperativas no agropecuarias, lo cual todavía no se ha determinado”, señalaba la agencia estatal.
“Tienen que ser eficientes, cubrir gastos con ingresos, pagar a los proveedores en tiempo, vincular salarios con resultados económicos y desterrar ilegalidades y desvíos de recursos”, agregó en una comparecencia el ministro de Economía, Alejandro Gil.
