Golpe a los migrantes: más condados de EEUU deciden cooperar con ICE
Nuevos territorios se han sumado a los acuerdos del programa 287(g), que amplían la capacidad de detección de migrantes indocumentados
En lo que va de 2025, seis condados en Carolina del Norte han firmado nuevos acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el programa 287(g), lo que eleva a 21 el número total de agencias locales aliadas con esta entidad federal.
Esta cifra coloca al estado entre los cinco con mayor cantidad de estos convenios en todo EEUU, lo que ha generado alarma entre las comunidades migrantes, según informó Enlace Latino.
El acuerdo 287(g), establecido en 1996, permite que agentes locales realicen funciones migratorias dentro de cárceles, como verificar el estatus legal de los detenidos y, en caso de no tener documentos, notificar a ICE para iniciar procesos de deportación.
Aunque estos convenios no autorizan redadas callejeras, sí amplían la capacidad de detección de migrantes indocumentados durante arrestos por otras razones.
Tras un periodo de inactividad durante la administración de Joe Biden, el regreso de Donald Trump a la presidencia ha reactivado y acelerado la firma de estos convenios.
Entre el 5 de marzo y el 21 de mayo de 2025, los condados de Carteret, Columbus, Craven, Cherokee, Onslow y Union suscribieron acuerdos con ICE, detalla el citado medio.
Los acuerdos firmados este año corresponden al modelo más limitado del programa, conocido como Oficial de Servicio de Ordenanzas (Warrant Service Officer), que permite ejecutar órdenes administrativas dentro de las cárceles sin facultad de interrogar ni investigar estatus migratorio, explica Enlace Latino.
No obstante, organizaciones defensoras de derechos migrantes consideran preocupante su expansión, al abrir la puerta a procesos de deportación a través del sistema penal local.
Durante la vigencia del programa 287(g) en el condado de Mecklenburg, entre 2006 y 2018, más de 15.000 personas fueron deportadas, según cifras del Charlotte Observer.
Becca O’Neill, asesora especial del alguacil McFadden, aclaró que las nuevas órdenes estarán enfocadas exclusivamente en violaciones de inmigración, no en delitos penales generales.
Además del impacto judicial, estudios de la Universidad de Duke revelaron que la implementación de este programa reduce el acceso de la comunidad migrante a servicios básicos.
Por ejemplo, muchas mujeres embarazadas dejaron de asistir a sus controles prenatales por miedo a ser detectadas, y numerosas familias optaron por no salir ni a comprar alimentos para evitar interacciones con las autoridades.
