Joe Carollo consigue aplazar la subasta de su residencia en Miami

El comisionado de Miami Joe Carollo logró evitar la subasta de su residencia, la cual iba a ser rematada para comenzar a cubrir su adeudo de 63 millones de dólares, resultado de una demanda civil por corrupción y abuso de poder.

La subasta de la vivienda del político republicano se llevaría a cabo el próximo 19 de marzo, pero Carollo consiguió una exención temporal, con lo que la rescató por ahora.

Durante una audiencia celebrada este viernes, una jueza federal declaró su disposición a emitir una suspensión a favor del político, con lo que se suspende, más no se cancela, la subasta de la vivienda, que podría retomarse más adelante.

El también exalcalde de Miami ha iniciado la defensa de su residencia, ubicada en Coconut Grove, argumentando que tiene derechos de propiedad sobre ella.

Como respuesta a lo expresado por el juez, el abogado de los demandantes, Jeff Gutchess, afirmó que notificará a los alguaciles para que no procedan con la subasta programada.

Por su parte, el abogado de Carollo, Mason Portnoy, enfatizó al inicio de la audiencia que “la casa de un hombre es su castillo y estamos aquí para protegerlo, porque tiene derecho a esa protección”.

En declaraciones a Local 10, Carollo reiteró su inocencia, asegurando que no cometió ningún delito y afirmando que espera anular completamente el veredicto de dicho pago.

“Por supuesto, estoy emocionado por mi apelación, porque la ganaré sin lugar a duda”, manifestó el funcionario de origen cubano.

Demanda contra Joe Carollo

Carollo perdió un juicio civil y fue sentenciado a pagar 63.5 millones de dólares por haber utilizado recursos de la ciudad para intimidar a dos empresarios de La Pequeña Habana, Bill Fuller y Martin Pinilla.

De acuerdo con la investigación, el funcionario actuó de manera corrupta utilizando recursos del Estado para amenazar a los empresarios como represalia porque ambos apoyaron a un oponente político, por lo que se le encontró culpable de abuso de poder.

Los afectados afirmaron que el comisionado utilizó a la policía local y a los departamentos de cumplimiento de códigos para cerrar sus negocios, situados en el popular barrio de Miami.