Juez bloquea medida de Trump que prohíbe solicitar asilo en la frontera
En su resolución, el juez destacó que el presidente no tiene la potestad de sustituir las leyes migratorias ya aprobadas por el Congreso
Un golpe legal a la administración de Donald J. Trump ha surgido esta semana, tras un fallo de un juez federal que bloquea la medida que prohíbe la solicitud de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
El juez Randy Moss, del Distrito Judicial de Washington D.C., emitió la decisión el miércoles, lo que representa un revés para las políticas del gobierno republicano, que han buscado limitar el acceso al asilo con el fin de frenar el flujo migratorio hacia el país.
El magistrado Moss fundamentó su fallo en que la administración Trump había sobrepasado su autoridad, implementando una medida que contraviene las leyes migratorias establecidas por el Congreso.
En su resolución, el juez destacó que el presidente no tiene la potestad de sustituir las leyes migratorias aprobadas por el legislativo, reafirmando el principio de que las políticas migratorias deben seguir el marco legal vigente.
Adicionalmente, Moss señaló que la proclamación presidencial que calificaba la llegada de migrantes como “una invasión” carecía de base legal suficiente para impedir que los solicitantes de asilo pudieran presentar sus peticiones en la frontera, una de las principales medidas que había impulsado la administración Trump.
Una victoria para los defensores de los inmigrantes
La decisión ha sido vista como un gran triunfo por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, destacó que este fallo representa una “enorme victoria para quienes huyen del peligro” y para la defensa del Estado de derecho.
No obstante, el gobierno de Trump ha anunciado su intención de apelar el fallo, lo que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Mientras tanto, el juez Moss suspendió su fallo por un plazo de 14 días, permitiendo al gobierno apelar antes de que entre en vigor.
El caso provocó un debate sobre el equilibrio entre el poder presidencial y las leyes del Congreso, con los funcionarios del Departamento de Justicia argumentando que el presidente tiene autoridad para suspender la entrada de personas que representen una amenaza para la seguridad nacional.
Para los migrantes que intentan ingresar al país, la situación sigue siendo incierta. La medida solo afecta a quienes se encuentran en la frontera y no a aquellos que ya han sido deportados o que esperan una respuesta sobre sus solicitudes de asilo dentro de los Estados Unidos.
