José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, fue citado para comparecer este martes 18 de agosto a las 2:00 p.m. en la estación policial de Infanta y Manglar, en La Habana.
De acuerdo a información ofrecida por CubaNet, Viñas Alonso será instruido por el presunto delito de “desobediencia”, en medio del conflicto entre la institución masónica y el Ministerio de Justicia.
Una fuente cercana al caso dijo a CubaNet que un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria entregó la citación este lunes en la vivienda de Viñas Alonso. El documento señala que deberá presentarse ante el “capitán Andy”, identificado como instructor penal del Departamento de Delitos contra la Seguridad del Estado.
La citación llega tras el respaldo de más de un centenar de masones
La convocatoria policial ocurre diez días después de que más de cien masones se reunieran en la denominada Catedral Escocesa para respaldar la permanencia de Viñas Alonso. Los participantes rechazaron lo que describieron como un intento del Ministerio de Justicia de intervenir en los asuntos internos del Supremo Consejo.
El 7 de agosto, Miriam García Mariño, directora de Asociaciones del MINJUS, acudió a la sede acompañada por otros funcionarios y exigió que Viñas Alonso entregara el cargo. Según testimonios recogidos por CubaNet, la funcionaria sostuvo que el organismo designaría un sustituto hasta la celebración de nuevas elecciones.
Masones rechazan que el MINJUS decida quién dirige la institución
Los integrantes del Supremo Consejo sostienen que Viñas Alonso fue elegido conforme a sus propias normas. El Estado, sin embargo, no lo reconoce como soberano gran comendador y argumenta que habría excedido el tiempo permitido en el puesto, de acuerdo con su interpretación de las reglas internas de la masonería.
Roberto Ortega, abogado del Supremo Consejo, afirmó que no existía un mandato que respaldara la sustitución planteada por el MINJUS. Videos difundidos por CubaNet muestran a participantes coreando “Fuera”, “No más injerencia” y “Los masones decidimos lo de los masones” mientras varios efectivos se encontraban en los alrededores.
La disputa se desarrolla bajo la Ley 54 de Asociaciones, normativa que permite al Estado supervisar organizaciones fraternales y otras entidades. Las logias deben entregar documentos internos y someter determinadas reformas a aprobación oficial, condiciones que sectores masónicos consideran una forma de intervención estatal.
Masones se concentran frente a la estación de Infanta y Manglar
Integrantes de la masonería cubana se reunieron este martes en las afueras de la estación policial de Infanta y Manglar, en La Habana. Desde allí respaldaron a José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33.
Viñas Alonso también aparece imputado en otro proceso por presunto “tráfico” de divisas relacionado con el supuesto cambio de 100 dólares en el mercado informal. Actualmente se encuentra bajo reclusión domiciliaria, según la información proporcionada por CubaNet.
El dirigente masón ha denunciado además amenazas de agentes de la Seguridad del Estado para que abandone el cargo y colabore con las autoridades. La nueva citación aumenta la tensión entre el Supremo Consejo y el Gobierno, mientras los masones insisten en que las decisiones relacionadas con su dirección deben tomarse dentro de la propia institución.
