El juicio en Londres contra el régimen castrista por una deuda millonaria continúa, y ahora el Ministro de Justicia de la Isla, Oscar Silvera Martínez, viajó al país europeo para escuchar la sentencia final del proceso que se lleva a cabo en la Alta Corte de Inglaterra.
El viaje del funcionario se debe a que, en las próximas horas, la jueza encargada del caso determinará si el fondo de inversores CRF I Limited será reconocido como el acreedor legal de una deuda de 72 millones de euros que el Gobierno cubano contrajo en los años 80.
Al igual que todas las figuras del régimen que han acudido a Londres, el funcionario recalcó que el mencionado fondo no es el acreedor legal de dicha deuda, por lo que no merecen recibir el dinero.
“Me encuentro en Londres. Participaré en jornadas finales de la audiencia en la Alta Corte de Inglaterra. Defendemos la verdad: Banco Nacional y Cuba ratifican que CRF no ha sido ni es su acreedor”, se lee en una publicación compartida en las redes sociales del ministro.
Me encuentro en Londres. Participaré en jornadas finales de la audiencia en la Alta Corte de Inglaterra. Defendemos la verdad: Banco Nacional y Cuba ratifican que CRF no ha sido ni es su acreedor. @CubaMinjus pic.twitter.com/lbPDPHI7fn
— Oscar Silvera Martínez (@OscarCubaMinjus) January 31, 2023
El discurso utilizado por el Gobierno cubano consiste en llamar “fondo buitre” al fondo con sede en Islas Caimán, negando que este sea el dueño legítimo de la deuda que compró en el mercado de capital de riesgo hace décadas.
La defensa del régimen también acusa a CRF I de violar los procedimientos internos de las leyes cubanas para poder hacerse con los derechos de la deuda, afirmando también que utilizaron sobornos para hacerlo, algo de lo que no han podido entregar pruebas.
En las sesiones anteriores de este juicio, la defensa castrista presentó las declaraciones de Raúl Olivera Lozano, exfuncionario del Banco Nacional de Cuba (BNC) a quien se le atribuye el haber traspasado la deuda a CRF I a cambio de la promesa de 25.000 euros.
Al respecto, el presidente del fondo, David Charters, niega haber sobornado al funcionario, y ha demostrado en numerosas ocasiones desde el 2013 su voluntad de llegar a un acuerdo para el pago de la deuda, sin embargo, el régimen nunca ha hecho caso de sus propuestas.
En 2020 CFR I inició una demanda por 72 millones de euros de una deuda vencida, siendo esta solo una pequeña parte de los 1.200 millones de euros que el Gobierno cubano debe desde hace años.
Dicha deuda proviene de contratos de préstamo suscritos por el Gobierno castrista en 1984 y de perder el juicio, esto significaría un fuerte golpe para la economía del régimen.
En total, ambas partes han gastado alrededor de seis millones de euros, gasto que, de acuerdo con la ley británica, deberá ser cubierto por el perdedor del juicio.
