A través de una reciente publicación en el diario oficialista Granma, firmada por la fiscal de la Dirección de Protección de la Familia, Diana Rosa Simón Gutiérrez, el régimen amenazó a madres y padres con retirar la custodia de sus hijos si estos no les inculcan “valores patrióticos”, reforzando así su control ideológico.

Titulada “¿Cuál es la responsabilidad de madres y padres respecto a sus hijas e hijos menores de edad?”, el artículo desglosa diversos artículos del Código de las Familias y de la Constitución cubana para justificar el control del Estado sobre los deberes de los padres.

Según el texto, los progenitores deben velar por el “desarrollo integral” de sus hijos, inculcando valores como la dignidad, la honradez y, sobre todo, el amor a la Patria. El artículo 138 del Código de las Familias establece que los padres deben “inculcar el respeto a los símbolos patrios y el amor a la familia, al trabajo y a la Patria”.

Sin embargo, la organización no gubernamental Cubalex ha advertido que el régimen utiliza el nuevo Código de las Familias como una herramienta de coerción, convirtiendo a los menores en piezas de presión política contra sus progenitores.

La crítica al gobierno, cualquier acto de disidencia o incluso una simple publicación en redes sociales pueden ser interpretados como un incumplimiento de los deberes parentales, con graves consecuencias legales.

Un marco legal con amplias interpretaciones

El artículo 136 del Código de las Familias, que regula la “responsabilidad parental”, establece los deberes y derechos de los padres. Sin embargo, en la práctica cubana, esta definición ha sido ampliada para incluir factores ideológicos.

Las conductas “delictivas” o “riesgosas”, según el artículo 191, pueden ser motivo para perder la custodia de los hijos, pero ¿quién decide qué constituye una falta grave? En un sistema donde la ley está subordinada al poder político, fiscales, jueces y agentes del MININT tienen un amplio margen de discrecionalidad para interpretar y aplicar estas normas.

Casos de intimidación política mediante la custodia

Varios casos documentados en los últimos años evidencian el uso de las leyes de familia para intimidar a los padres por sus posturas políticas.

En 2020, la doctora Nelva Ismarays Ortega fue amenazada con perder la custodia de sus hijos si su esposo, José Daniel Ferrer, continuaba con sus denuncias contra el régimen. En 2021, la doctora Noemia Lisandra Rodríguez fue presionada por la Seguridad del Estado bajo la misma amenaza.

En 2023, la activista Diasniurka Salcedo Verdecia enfrentó un proceso judicial por participar en acciones cívicas.

El adoctrinamiento infantil

La educación de los menores en Cuba, desde temprana edad, ha estado cargada de ideología. Los niños participan en desfiles y ceremonias políticas, se les exige lealtad al socialismo y se les educa en el culto a figuras como Fidel Castro.

El artículo en Granma va más allá de la educación, estableciendo que los padres tienen una obligación moral, con consecuencias jurídicas, de promover estos valores. Cualquier actitud contraria puede ser considerada una amenaza al desarrollo del niño y resultar en la pérdida de los derechos parentales.

Control a través del miedo

Aunque el Código de la Niñez y la Familia parece ofrecer una fachada de protección para los menores, en realidad opera como una herramienta de control.

La ambigüedad de los términos legales y la politización de los valores familiares permiten que el Estado se inmiscuya en la vida privada de las familias con total impunidad.

Los niños se convierten en instrumentos de coerción, y los padres se autocensuran para evitar represalias, lo que crea un clima de miedo en la sociedad cubana.

Bajo el pretexto de proteger la infancia, el régimen cubano sigue utilizando la familia como rehén en un campo de batalla ideológico, donde el control se perpetúa mediante el miedo y la amenaza constante de separar a los padres de sus hijos por pensar de manera diferente.