Panamá sigue trabajando para liberar a sus ciudadanos detenidos en La Habana
El Ministerio del Interior acusó a los panameños de elaborar y colocar carteles con “propaganda enemiga”
Panamá reforzó esta semana sus gestiones diplomáticas para lograr el regreso de sus siete ciudadanos que siguen presos en Cuba, tras una reunión realizada el miércoles entre la Cancillería y familiares de los detenidos.
El encuentro buscó actualizar a los allegados sobre las acciones consulares en marcha y coordinar nuevos pasos ante el régimen cubano, luego de la excarcelación de tres panameñas el pasado 25 de abril.
Panamá insiste en liberar a sus ciudadanos detenidos en Cuba
El canciller Javier Martínez-Acha participó en la reunión y escuchó el testimonio de Evelyn Castro, una de las mujeres que logró salir de prisión. Su declaración es considerada relevante por las autoridades panameñas, debido a que podría aportar detalles sobre las condiciones de detención y el manejo del caso por parte de La Habana.
Castro agradeció las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y del equipo consular panameño. Ella fue liberada junto a Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño, quienes regresaron a Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen el mismo día de su excarcelación.
Las tres mujeres salieron de prisión mediante las figuras jurídicas de “colaborador eficaz” y “criterio de oportunidad”. Aunque Martínez-Acha describió esa decisión como “un gesto de amistad” del gobierno cubano, Panamá mantiene abiertas las negociaciones por los siete hombres que continúan encarcelados.
Siete panameños siguen recluidos en Villa Marista
Los ciudadanos aún detenidos son Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Maykol Jesús Pérez Almendra, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena y José Luis Aguirre Baruco.
Todos permanecen en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado cubana. Ese lugar es señalado por organizaciones opositoras y defensores de derechos humanos como un centro usado para interrogar y retener a presos políticos y activistas críticos del sistema comunista.
El caso comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando diez panameños fueron arrestados en La Habana. Las detenciones ocurrieron en zonas de Boyeros y Jaimanitas. El Ministerio del Interior cubano los acusó de elaborar y colocar carteles contrarios al gobierno.
Según la versión oficial cubana, los mensajes estaban firmados por el CDPC, Camino a la Democracia Pacífica de Cuba. Entre las frases atribuidas a esos carteles aparecían «Abajo la tiranía» y “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”.
Acusaciones bajo el Código Penal cubano
Los detenidos enfrentan cargos por el artículo 124 del Código Penal de Cuba, referido a la propaganda contra el orden constitucional. Esa figura legal contempla sanciones de hasta ocho años de cárcel y suele ser utilizada por el aparato judicial cubano contra expresiones políticas incómodas para el régimen.
El opositor José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, ofreció otra lectura del caso. Según su versión, los panameños también entregaban ayuda humanitaria, incluidos alimentos y medicamentos, a presos políticos en la provincia de Matanzas.
