Luego de que varios estados republicanos decidieran realizar una demanda colectiva para frenar el parole humanitario anunciado en Estados Unidos a inicios de enero, el juez de Texas, Drew B. Tipton, decidió que el programa continuará activo mientras se resuelve todo el asunto legal.
Y es que todos los estados demandantes, entre ellos Florida, solicitaron que el programa se congelara mientras se realizaba el juicio.
Según la agencia de noticias EFE, el juez firmó una orden el lunes 27 de febrero, en la cual señalaba que la solicitud para interrumpir el programa sería analizada hasta que iniciaran las audiencias, mismas que aún no tienen fecha oficial.
La demanda colectiva por parte de los territorios republicanos había preocupado a los ciudadanos de estas nacionalidades, pues representaba la posibilidad de que el programa entrara en una pausa forzada, algo que sin duda fue el objetivo de los representantes de los estados demandantes.
El programa de parole humanitario, iniciado el pasado 6 de enero por el presidente Joe Biden, brinda la oportunidad a las personas de estas tres nacionalidades de ingresar de manera legal y segura a los Estados Unidos, siempre y cuando cuenten con un patrocinador en el país que esté dispuesto a solventar los gastos de alimentación y vivienda de los migrantes durante la duración del proceso.
Durante este tiempo, los migrantes pueden solicitar un permiso de trabajo e iniciar los trámites necesarios para obtener la residencia permanente en EEUU.
Sin embargo, días después de que la medida entrara en vigor, se recibió una petición por parte de los fiscales de estados como Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Wyoming, para que se detuviera el programa.
Los estados demandantes argumentaron que la medida provocaría el arribo de miles de personas a diferentes puntos del país, los cuales ya se encuentran sobrecargados de migrantes.
De igual manera, afirman que la medida representa un abuso de autoridad por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para conceder permisos humanitarios.
Hasta el pasado 17 de febrero, el programa había otorgado 26.000 visas humanitarias a personas de estos tres países, mientras que el mismo programa establecido para migrantes venezolanos había distribuido 33.800 de estos documentos.
