Las autoridades cubanas calificaron de ilícita la Marcha Cívica por el Cambio que se tenía programada el 20 de noviembre y fue adelantada para el 15, asegurando que pese a su naturaleza pacífica, se trata de un evento subversivo patrocinado por Estados Unidos para “desestabilizar” al país.
Esto se dio a conocer mediante una carta firmada por el intendente del Consejo de Administración de La Habana Vieja, Alexis Acosta, quien se dirigió al dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, uno de los principales promotores de la marcha.
La misiva asegura que el Gobierno cubano no reconoce la legitimidad de las razones en las que se basa la marcha, principalmente por los presuntos vínculos de varios de sus organizadores organizaciones subversivas y agencias financiadas por EEUU.
“Ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen para Cuba ensayada en otros países”, se lee en la carta enviada a García, la cual fue compartida por el grupo Archipiélago.
“La respuesta de las autoridades del Gobierno entregada este martes a la notificación para la realización de la Marcha Cívica por el Cambio el día 15 de noviembre informó a los integrantes de Archipiélago que ‘no se reconoce legitimidad en las razones que esgrimen para la marcha’”.
La respuesta de las autoridades del Gobierno entregada este martes a la notificación para la realización de la Marcha Cívica por el Cambio el día 15 de noviembre informó a los integrantes de Archipiélago que “no se reconoce legitimidad en las razones que esgrimen para la marcha” pic.twitter.com/rfNNxoNS8k
— Archipiélago (@ArchipielagoCu) October 12, 2021
El documento también argumenta que la marcha ha recibido apoyo abierto por parte de legisladores estadounidenses y medios de comunicación que “alientan acciones contra el pueblo cubano”.
Aunque el evento está respaldado por el artículo 56 de la constitución, el cual otorga el derecho a la libre manifestación, el Gobierno insistió que la marcha viola el artículo 45, el cual impide que se ejerzan derechos si ponen “en riesgo” la seguridad de los demás.
Esto último carece de argumento, pues desde un principio se promovió la marcha como una protesta pacífica para exigir el cese a la violencia en la Isla, con sus participantes siendo instados a no cometer ninguna acción que contradiga su causa.
Esta es la segunda ocasión en la que el Gobierno castrista intenta evitar que se lleven a cabo las protestas del 20 de noviembre, con la primera declarando dicha fecha como Día Nacional de la Defensa, una excusa perfecta para militarizar las calles de Cuba.
