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Régimen castrista destituye al ministro de Economía Alejandro Gil Fernández

Esto ocurre poco después de que las autoridades decidieran suspender temporalmente la entrada en vigor del “paquetazo neoliberal”

El régimen castrista anunció este viernes 2 de febrero la destitución del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

De acuerdo con el medio oficialista Granma, el funcionario, que ocupaba este puesto desde 2018, será sustituido por Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente del Banco Central de Cuba (BCC).

La decisión del gobierno cubano se toma poco después de que las autoridades decidieran suspender la entrada en vigor del paquetazo neoliberal anunciado a finales del año pasado, el cual prometía un aumento en los precios de todos los servicios esenciales en la Isla, como la electricidad, el agua, el gas y el combustible.

El pasado miércoles 31 de enero se pospuso el aumento de precio del combustible, así como su venta en dólares, mientras que el jueves 1 de febrero se anunció un freno “hasta nuevo aviso” en el incremento de precios de los servicios de transporte en el país.

Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía, afirmó que la primera medida se debía a la ocurrencia de un “incidente de ciberseguridad” en los sistemas informáticos para la comercialización del combustible, cuyo origen se había identificado como un virus enviado “desde el exterior”.

Esta excusa sirvió para anunciar la suspensión de las nuevas tarifas de transporte, pues no se podía aplicar el cambio si el precio del combustible permanecía igual. Las tarifas de transporte iban a aumentar hasta un 400% en los viajes interprovinciales, y un 600% en el caso de los viajes en tren.

El hecho de que Gil Fernández fuera destituido días después de que el gobierno diera marcha atrás con algunas de las medidas anunciadas en el paquetazo neoliberal ha hecho algunos medios independientes y usuarios en redes sociales califiquen el hecho como una estrategia del gobierno para deslindarse de responsabilidades.

En ese sentido, sugieren que el funcionario podría servir como un chivo expiatorio en caso de que el régimen desee suspender las medidas por temor al descontento del pueblo.

 

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