Régimen concluye excarcelación de 553 reclusos: pocos fueron presos políticos
Esta liberación masiva ocurrió luego de que Biden sacara a Cuba de la lista de países terroristas, pero frenó cuando Trump revirtió la decisión
El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba anunció la finalización del proceso de excarcelación de 553 prisioneros, iniciado el pasado 14 de enero. Según la vicepresidenta del TSP, Maricela Sosa Ravelo, la medida se ejecutó en dos fases: 378 liberaciones en enero y 175 en febrero.
No obstante, el beneficio concedido no implica una libertad plena. El informe oficial presentado por el gobierno subrayó que se trata de una “excarcelación anticipada”, lo que significa que los reclusos seguirán bajo estricta vigilancia judicial. Entre las condiciones impuestas está la comparecencia periódica ante un juez y el cumplimiento de sanciones accesorias, con la posibilidad de revocación y retorno a prisión en caso de incumplimiento.
El anuncio de esta medida coincidió con la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El régimen cubano atribuyó la medida a un acuerdo mediado por el Vaticano, asegurando que algunos de los beneficiados participaron en las protestas del 11 de julio de 2021. Sin embargo, las autoridades no han publicado un listado oficial con los nombres de los reclusos liberados ni detalles sobre el procedimiento de selección.
Organizaciones independientes, como Justicia 11J, han identificado que al menos 202 de los excarcelados son presos políticos. No obstante, denuncias recogidas por la ONG sugieren que la mayoría de los liberados son reclusos comunes. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) cifra en 212 el número de prisioneros de conciencia entre los beneficiados. El gobierno cubano se ha limitado a afirmar que los 553 reos habían sido condenados por “diversos delitos”, sin especificar el tipo de infracciones cometidas.
Opositores incluidos y exclusiones notorias
Entre los excarcelados se encuentran figuras opositoras como José Daniel Ferrer y Félix Navarro, ambos víctimas de la represión tras las protestas del 11J. Sin embargo, otros disidentes de alto perfil, como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, no fueron incluidos en la medida.
Grupos defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el control que el régimen sigue ejerciendo sobre los liberados. Justicia 11J advirtió que estos deben “mantener un comportamiento social acorde con las normas socialistas”, lo que los expone a ser nuevamente encarcelados si el gobierno considera que han incumplido esta condición.
Denuncias sobre derechos humanos
Diversas organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, OCDH y Prisoners Defenders, han cuestionado la iniciativa, destacando que en Cuba existen más de un millar de presos políticos y que la excarcelación de una parte de ellos no representa una mejora significativa en la situación de derechos humanos en la Isla.
Ante la falta de transparencia del proceso, Justicia 11J ha instado a la comunidad internacional a exigir a las autoridades cubanas la publicación de un listado oficial con los nombres de los liberados y los criterios utilizados para su selección. La opacidad del régimen sigue generando dudas sobre los verdaderos objetivos de esta medida.
