Régimen defiende como “legítimas” las expropiaciones de la Revolución Cubana

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, defendió las expropiaciones realizadas tras el triunfo de la Revolución Cubana y afirmó que fueron “absolutamente legítimas”, en medio de las amenazas de Estados Unidos de recuperar las propiedades confiscadas.

El funcionario hizo esta declaración el 28 de abril en una publicación en Facebook. Según explicó, las nacionalizaciones se ajustaron a la Constitución de 1940, así como al derecho nacional e internacional.

También señaló a EEUU por no aceptar la compensación ofrecida en su momento. Sin embargo, no mencionó a los propietarios cubanos afectados por esas medidas.

La Constitución de 1940 establecía que toda expropiación debía incluir un pago previo, inmediato y en efectivo. En la práctica, el gobierno cubano ofreció bonos a 20 años, con intereses vinculados al precio del azúcar.

Ese modelo no cumplía con los criterios internacionales conocidos como la Fórmula Hull, que exigían compensación rápida, adecuada y efectiva.

Además, ese marco legal dejó de aplicarse poco después de 1959. En febrero de ese año fue reemplazado por la llamada Ley Fundamental, que modificó las normas sobre propiedad. Este cambio permitió avanzar con el proceso de nacionalización bajo nuevas reglas.

El funcionario también mencionó acuerdos de compensación con países como Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suiza. Estos acuerdos se firmaron años después de las expropiaciones y en muchos casos incluyeron pagos parciales. No abarcaron a ciudadanos cubanos afectados.

Uno de los momentos más amplios del proceso ocurrió en 1968, durante la llamada Ofensiva Revolucionaria. En ese periodo, el Estado asumió el control de lo que quedaba del sector privado. Datos publicados por el diario Granma indican que fueron intervenidos 55.636 pequeños negocios.

Entre ellos se encontraban bodegas, carnicerías, bares, restaurantes, lavanderías, barberías y talleres. Muchos de estos negocios eran operados por pocas personas. Según esos registros, las confiscaciones se realizaron sin compensación directa, sin procesos judiciales y sin mecanismos de apelación.

En paralelo, quienes decidieron salir del país enfrentaron la pérdida de sus bienes. Las medidas incluyeron restricciones sobre lo que podían llevar consigo al abandonar la isla.

El valor estimado de las propiedades afectadas alcanzaba unos 150.000 millones de dólares en 1960. Actualmente, la mayor parte de esos activos permanece bajo control estatal o en formas de gestión vinculadas al Estado.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos certificó cerca de 6.000 reclamaciones de ciudadanos y empresas estadounidenses por un valor original de 1.900 millones de dólares.

Con intereses acumulados, esa cifra se aproxima a los 9.000 millones. Entre los reclamantes figuran compañías como ExxonMobil, Coca-Cola y Colgate-Palmolive, además de familias con ciudadanía estadounidense.

Se estima que entre 200.000 y 300.000 cubanoamericanos tienen reclamaciones pendientes relacionadas con ese proceso. Estas demandas no han sido incluidas en acuerdos oficiales.

El tema sigue siendo un punto de fricción en la relación bilateral. Mientras el gobierno cubano sostiene que las expropiaciones fueron legales, las reclamaciones por compensación continúan sin resolverse varias décadas después.