El Gobierno castrista presentó este martes un anteproyecto que limitará a la prensa de la Isla, la cual, de ser aprobada, condicionaría a los medios de comunicación para “los fines de la sociedad socialista”.
La ley de Comunicación Social aún está en revisión, y se trata de un documento que fomentaría el “consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba”, es decir, que nadie podría decir o escribir nada que vaya en contra de estas ideas y exponga el lado malo del Gobierno castrista.
Esta ley, para sorpresa de nadie, no reconocerá los medios de prensa independientes en la Isla, los cuales, al operar desde un vacío legal, tampoco serán incluidos en el material legislativo final.
El medio estatal Granma indicó que se iniciará un proceso de consultas especializadas, con el que se buscaría favorecer “el conocimiento y estudio de la población al respecto de esta norma”.
Para esta tarea, se ha implementado una dirección electrónica, algunos números de teléfono y otros canales mediante redes sociales, “en muchos medios de comunicación, en organizaciones e instituciones del país”.
Es necesario señalar que la norma se firmó el pasado 15 de abril, pero fue hasta poco después del primer aniversario del 11J que las autoridades decidieron hacerla pública.
El documento compartido por varios medios estatales asegura que la libertad de prensa “constituye un derecho de las personas”, pero contradictoriamente, solo se ejerce “según los fines de la sociedad socialista”.
De acuerdo con el vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Jorge Legañoa, la consulta debe acabar en septiembre, pero no ofreció más detalles sobre el resto del proceso que se llevará antes de que la ley se apruebe.
De esta manera, el Gobierno cubano demuestra una vez más que es incapaz de recibir críticas ni reconocer que su pueblo puede tener una opinión propia que vaya en contra de sus “ideales”, y que para ellos debe de regular toda la información que llega hasta sus ciudadanos.
Sin embargo, esta tarea se ha vuelto difícil, pues la expansión del Internet a lo largo del país permite a cada vez más personas dentro y fuera de la Isla enterarse de las violaciones de los derechos humanos que ocurren bajo el mandato del régimen.
