El gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra cinco entidades cubanas vinculadas directa o indirectamente con el conglomerado militar GAESA.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que las medidas buscan limitar el movimiento de dinero, activos físicos y recursos minerales controlados por la cúpula gobernante, en medio del deterioro económico y social que atraviesa Cuba.
Rubio acusó al régimen comunista de priorizar su control político sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar de la población.
Según el cubanoamericano, GAESA sirve como principal instrumento para concentrar los escasos recursos nacionales y desviarlos hacia actividades de represión, espionaje y acciones contrarias a los intereses estadounidenses, en vez de destinarlos a escuelas, plantas eléctricas y productos básicos.
¿Qué empresas fueron sancionadas?
Las designaciones alcanzan a Almacenes Universales S.A., el Banco Financiero Internacional, la Empresa Siderúrgica José Martí, Geominera S.A. y RAFIN S.A.
Estas compañías participan en sectores estratégicos como las operaciones de carga, las finanzas, la industria siderúrgica, la explotación de minerales y la administración de activos empresariales vinculados con el aparato estatal cubano.
Almacenes Universales, creada en 1994, aparece relacionada directamente con GAESA y desarrolla actividades de manipulación, transporte y almacenamiento de mercancías. El Banco Financiero Internacional, conocido como BFI, es una institución estatal fundada en 1984 que gestiona operaciones bancarias y movimientos de divisas desde su sede en el municipio Playa, en La Habana.
The situation in Cuba is devolving as the island’s corrupt, brutal and anti-American Communist regime continues to prioritize its own total control over the freedom, opportunity and basic wellbeing of the Cuban people.
The Cuban military-controlled conglomerate GAESA has…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 23, 2026
La lista incluye además a la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, dedicada a la fabricación de hierro y acero en el municipio habanero de Cotorro. También fueron sancionadas Geominera S.A., vinculada con la explotación de recursos minerales, y RAFIN S.A., una compañía dedicada a actividades de consultoría y administración empresarial.
Rubio advirtió que las personas, bancos y empresas que continúen prestando servicios a las entidades sancionadas podrían quedar expuestos a medidas similares.
El secretario de Estado pidió a las instituciones financieras extranjeras que suspendan de inmediato sus operaciones con estas compañías, ante el riesgo de facilitar el movimiento de recursos controlados por la estructura militar cubana.
Las medidas apuntan tanto a las entidades responsables de trasladar el dinero y los activos de GAESA como a las empresas que explotan las reservas de minerales y metales de Cuba.
Washington sostiene que los beneficios generados por esas actividades no se traducen en mejoras para la población, que enfrenta apagones, escasez de alimentos y un sistema sanitario con falta de medicamentos.
GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, domina áreas como el turismo, la construcción, el comercio minorista, las remesas, las finanzas y la distribución de combustibles.
Documentos filtrados señalan que el conglomerado tendría cerca de 4.300 millones de dólares en cuentas bancarias. Solo Gaviota, su principal empresa turística, declaró activos por 4.261 millones de dólares.
La concentración de recursos contrasta con la distribución de la inversión estatal. Entre 2021 y 2023, Cuba destinó el 36% de sus inversiones a la construcción de hoteles, mientras asignó el 2,9% a la agricultura, el 1,9% a la salud y el 1,3% a la educación. Esa estrategia continuó pese a la baja ocupación hotelera y la caída del turismo respecto a 2019.
El conglomerado estuvo dirigido durante 26 años por Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, hasta su muerte en 2022.
La coronel Ania Guillermina Lastres Morera asumió después la presidencia sin un anuncio oficial. GAESA no está sometido a auditorías públicas independientes, una situación que mantiene las dudas sobre el destino de los recursos administrados por la élite militar.
