Tras las protestas del pasado 11 de julio cuando el pueblo cubano salió pacíficamente a exigir un país libre y democrático, los tribunales de justicia municipales de la isla han procesado hasta el momento a 62 personas que fueron arrestadas de forma arbitraria, según informó el magistrado del Tribunal Supremo Popular (TSP), Joselín Sánchez Hidalgo.
De acuerdo con el medio castrista Granma, el magistrado afirmó que los juicios se han llevado a cabo con apego a la legalidad y respeto al debido proceso y a todas las garantías previstas en la legislación cubana.
Entre estas, mencionó el derecho tanto del denunciante como del acusado a aportar pruebas; comparecer con abogado, si lo considera la persona imputada; mostrar inconformidad con los miembros del tribunal, declarar o abstenerse de hacerlo el acusado, el derecho de “última palabra”, así como la posibilidad de establecer recurso de apelación.
“Podemos asegurar que en los procesos judiciales tramitados hasta ahora se ha mantenido una observancia estricta de cada una de estas garantías, en particular el derecho a la práctica de pruebas y la obligación de demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos que se les imputan”, sostuvo.
Adolescente cubana cuenta el horror que vivo en prisión
Sin embargo, el testimonio de una adolescente de 17 años que fue detenida -sin tener participación en las manifestaciones- demuestra una realidad totalmente diferente, puesto que fue hasta amenazada con abusos sexuales.
Gabriela Zequeira Hernández , estudiante de segundo año de contabilidad en el politécnico Andrés Lujan, narró que un oficial de jerarquía la amenazó con “manguera y mandarria”, dos hombres “fuertes y altos” con los que la obligarían a mantener relaciones sexuales en el “pabellón”, nombre con el que se le conoce el lugar para realizar esas atrocidades.
Entre lágrimas, contó que después de saber que pasaría ocho meses en prisión sin haber cometido delitos, le dijo a su madre que fuese fuerte.
“Ver a mi mamá llorando y no poder hacer nada por ella… tenía mucha impotencia, me había echado ocho meses sin ninguna causa”.
“No fue una libertad que me dieron fue un cambio de medida que me pudieron a una reclusión domiciliaria hasta el día del juicio”.
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