Trump busca acelerar deportaciones con rechazo masivo de solicitudes de asilo
La medida otorgaría al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU nuevas facultades para acelerar los procedimientos de deportación
La administración de Donald J. Trump ha propuesto una medida que pondría en grave riesgo las solicitudes de asilo de cientos de miles de migrantes en Estados Unidos, dejando a estos en situación vulnerable frente a un proceso de deportación acelerada.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos del presidente republicano por reforzar la política migratoria y reducir la cantidad de personas que buscan protección en el país.
Según fuentes cercanas a la administración, la propuesta afectaría principalmente a migrantes que ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos y, posteriormente, solicitaron asilo político. Se prevé que sus casos sean cerrados, dejándolos expuestos a un proceso acelerado de deportación.
Actualmente, existen alrededor de 1.45 millones de solicitudes de asilo pendientes, de las cuales un 25% corresponde a migrantes que ingresaron sin documentos, según datos federales.
La medida otorgaría al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) nuevas facultades para acelerar los procedimientos de deportación, un cambio significativo en sus funciones.
Según un memorando obtenido por el medio CNN, USCIS pasaría de ser una agencia encargada de otorgar beneficios migratorios a un brazo ejecutor de deportaciones, similar al rol de las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Críticas a la medida
Esta propuesta ha generado una fuerte oposición, especialmente entre los defensores de los derechos humanos.
Sarah Mehta, de la ACLU, expresó su preocupación señalando que transformaría la agencia encargada de brindar beneficios migratorios en otro “brazo de ICE”. De igual manera, la medida podría desincentivar a los migrantes a continuar con sus procesos de asilo, al generar temor por un desenlace desfavorable sin oportunidad de defensa.
El cambio de política también afectaría a los migrantes que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante años, pues aquellos que hayan estado en el país por menos de dos años y no puedan demostrar residencia continua se verían sometidos a este proceso acelerado de expulsión, independientemente de su situación laboral o social.
El nuevo proceso pone en peligro el derecho de los migrantes a una audiencia ante un juez de inmigración, lo que podría implicar la expulsión de muchos sin acceso a un debido proceso legal.
Michael Knowles, de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, ha denunciado que esta medida infringe los derechos básicos de los solicitantes de asilo, garantizados tanto por la ley estadounidense como por la legislación internacional.
