Trump busca eliminar la naturalización de aquellos que no cumplan con estos requisitos
El Departamento de Justicia emitió un memorando que redefine los criterios para esta medida, ahora bajo un enfoque más riguroso
La Casa Blanca, bajo el liderazgo de Donald J. Trump, ha intensificado sus acciones para revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido delitos graves o hayan incurrido en fraude durante su proceso de naturalización.
El Departamento de Justicia emitió un memorando el 11 de junio de 2025 que redefine el alcance y los criterios para aplicar esta medida, ahora bajo un enfoque más amplio y riguroso.
Según el documento, se permitirá retirar la ciudadanía a quienes hayan omitido información relevante, cometido fraude o participado en actividades criminales consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
Aunque estas condiciones siempre estuvieron presentes en la ley, la nueva estrategia implica revisar más casos pasados y aplicar los criterios con mayor severidad.
Una política con efectos más amplios
El memorando establece que los procedimientos de desnaturalización serán de carácter civil, no penal. Esto implica que los acusados no tendrán derecho a abogado gratuito, lo que reduce significativamente sus posibilidades de defensa.
De igual manera, al tratarse de juicios civiles, la carga probatoria es más baja, facilitando el retiro de la ciudadanía.
Entre los delitos considerados están crímenes de guerra, tortura, violaciones de derechos humanos, vínculos con carteles de droga, trata de personas, delitos sexuales y fraudes en programas gubernamentales como Medicare y Medicaid.
También se incluye el fraude financiero relacionado con el Programa de Protección de Nóminas (PPP).
El caso de Elliott Duke como ejemplo de aplicación
Uno de los casos más destacados bajo esta política es el de Elliott Duke, ciudadano británico nacionalizado en EEUU, quien fue condenado por distribuir material de abuso sexual infantil.
El Departamento de Justicia logró revocar su ciudadanía al demostrar que había mentido sobre sus antecedentes penales en el proceso de naturalización.
Este caso ilustra cómo se están usando los nuevos lineamientos para perseguir delitos que anteriormente no implicaban necesariamente la pérdida de la ciudadanía.
La discrecionalidad otorgada a los fiscales también permite que se procesen casos fuera de las categorías preestablecidas, lo cual ha generado preocupación en sectores defensores de los derechos civiles.
El uso de criterios vagos y la falta de garantías procesales han despertado críticas sobre la posibilidad de abusos y decisiones arbitrarias por parte del gobierno federal.
