El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, podría implementar en los próximos días una medida que impactaría a miles de migrantes que fueron beneficiados con el parole humanitario en los últimos años, una política impulsada durante la administración de Joe Biden.
De acuerdo con un informe exclusivo de la agencia de noticias Reuters, el gobierno de Trump busca agilizar las deportaciones masivas como parte de su compromiso electoral de llevar a cabo la mayor operación de expulsión de migrantes en la historia del país.
Para esto, se está considerando ir contra el parole humanitario, un permiso legal de permanencia por dos años que benefició a más de 1,8 millones de personas, entre ellas 240.000 ucranianos, 70.000 afganos y más de 500.000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos.
Según un documento interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una revocación masiva de este estatus significaría la deportación inmediata para aquellos que no hayan regularizado su situación migratoria por otras vías.
En el caso específico de los cubanos, aquellos que han permanecido en el país durante al menos un año y un día pueden acceder a la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano. Para el resto de los beneficiarios, sin acceso a este tipo de recurso legal, la medida representaría la obligación de abandonar el país sin mayores alternativas.
Este anuncio se suma a la reciente suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, lo que ha generado preocupación entre grupos defensores de migrantes. Críticos de la medida advierten que esta decisión pone en riesgo a comunidades vulnerables y genera mayor inseguridad jurídica.
“Estamos hablando de personas que huyeron por razones humanitarias; revocarles el parole es enviarlas de regreso a condiciones extremadamente difíciles o incluso peligrosas”, expresó Andrij Dobriansky, portavoz del Comité del Congreso Ucraniano-Americano, enfatizando el impacto humanitario de esta medida.
El parole humanitario, que permite la entrada y estancia en Estados Unidos por razones de emergencia humanitaria o beneficio público significativo, es una herramienta discrecional del Poder Ejecutivo. Como tal, puede ser modificada o eliminada por la administración en turno, aunque estas decisiones pueden enfrentar desafíos legales y generar controversia.
Desde la toma de posesión de Trump el 20 de enero de 2025, se han registrado cambios drásticos en la política migratoria. En febrero, las detenciones en la frontera sur cayeron a 8.300, un mínimo histórico en comparación con los 141.000 registrados en el mismo mes de 2024 y los 29.000 de enero de 2025.
A la par, ha habido un incremento significativo en las detenciones de migrantes dentro del país. En un lapso de tres semanas, ICE arrestó a 14.000 personas, con un promedio de 667 detenciones diarias.
Durante los primeros días, las cifras alcanzaron hasta 1.200 arrestos diarios, pero luego descendieron debido a la falta de capacidad en los centros de detención. Asimismo, el gobierno de Trump ha reforzado la presencia militar en la frontera y endurecido las políticas de asilo para los migrantes detenidos en la zona limítrofe.
Mientras la administración Trump avanza con estas medidas, se espera una oleada de desafíos legales y reacciones por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, quienes consideran que la revocación del parole humanitario representa un grave retroceso en materia de protección humanitaria.
