La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propone limitar el acceso de migrantes a prestaciones federales como parte de su plan para reducir el uso de recursos públicos, lo que afectaría también a niños ciudadanos estadounidenses nacidos en el territorio.
Aunque el objetivo declarado es priorizar a ciudadanos estadounidenses en situación de necesidad, las medidas impactarían directamente a millones de niños, incluidos aquellos que son ciudadanos, por ser hijos de inmigrantes.
Entre las acciones planteadas está excluir a familias con miembros indocumentados de viviendas subsidiadas, reforzar la verificación migratoria en programas como los cupones de alimentos, y restringir el acceso de ciertos migrantes a Medicaid, Medicare y ayudas fiscales para padres.
La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, ya ha respaldado parte de estos cambios, y especialistas en migración señalan que la mayoría de migrantes no autorizados ya tiene acceso limitado a estos beneficios.
Sin embargo, advierten que los efectos recaerán principalmente en los hijos de estas familias, muchos de los cuales son ciudadanos por nacimiento o migrantes con estatus legal, como refugiados y personas con asilo.
Según datos citados por el diario The New York Times, aproximadamente el 12% de los niños en EEUU —unos nueve millones— tiene al menos un progenitor no ciudadano.
Estos menores tienen el doble de probabilidades de vivir en condiciones de pobreza en comparación con los que tienen padres nacidos en el país.
Actualmente, la ley permite que niños con número de Seguro Social accedan a ciertos beneficios, incluso si sus padres solo poseen un número de identificación fiscal.
Las modificaciones propuestas eliminarían esa posibilidad para cerca de dos millones de menores, según cálculos del Comité Conjunto de Impuestos.
Algunos sectores que apoyan los cambios consideran que los beneficios fiscales para hijos permiten que familias migrantes no autorizadas reciban fondos públicos, y defienden su eliminación.
Otros expertos y defensores de derechos sociales advierten que la pérdida de estos apoyos económicos afectaría el desarrollo, salud y estabilidad de los menores, incluso si son ciudadanos estadounidenses.
Autoridades de vivienda y analistas anticipan que el gobierno de Trump buscaría también prohibir el acceso a viviendas subvencionadas a familias donde algún miembro sea indocumentado, lo que dejaría sin asistencia a miles de niños con ciudadanía.
