Los economistas Pedro Monreal y Mauricio de Miranda Parrondo advirtieron este jueves que las reformas económicas anunciadas por el Partido Comunista de Cuba (PCC) podrían facilitar la transferencia de empresas y activos estatales a personas vinculadas con el poder.
Ambos cuestionaron que el proceso avance sin Estado de derecho, controles independientes ni garantías de transparencia para determinar quiénes podrán adquirir esas propiedades.
Las advertencias surgieron después de que las autoridades presentaran 176 medidas agrupadas en 23 ejes, aprobadas por el Comité Central del PCC y la Asamblea Nacional.
El paquete, que habría contado con la aprobación de Raúl Castro, incluye la venta de acciones de empresas estatales a personas naturales, entidades privadas, formas de gestión no estatal y otras compañías públicas.
Temor a un capitalismo de amiguetes en Cuba
Monreal centró su análisis en la medida número 17, relacionada con la venta de acciones de empresas estatales. El experto aseguró que esa propuesta le recuerda el “capitalismo de amiguetes” surgido durante la transición de Rusia, cuando activos públicos terminaron bajo el control de empresarios y antiguos funcionarios con conexiones políticas.
El economista señaló que una privatización acelerada, aplicada sin salvaguardas legales sólidas, puede facilitar la captura de propiedades estatales por individuos cercanos a los círculos de poder. Cuba carece de tribunales independientes, contrapesos institucionales y mecanismos transparentes que permitan supervisar la valoración, licitación y adjudicación de los activos públicos.
Mauricio de Miranda consideró que la dirigencia cubana intenta conducir al país desde el socialismo burocrático hacia un “capitalismo autoritario patrimonial”. A su juicio, el modelo podría combinar la apertura económica con la permanencia del monopolio político del PCC, lo que permitiría a familiares, amigos y funcionarios convertirse en accionistas sin explicar el origen de su capital.
Una posible “Piñata Sandinista” bajo control del PCC
De Miranda comparó el riesgo con la llamada “Piñata Sandinista” de Nicaragua y con los procesos de privatización ocurridos en Rusia y varias repúblicas de Asia Central. En esos escenarios, antiguos dirigentes y personas bien relacionadas con el poder adquirieron propiedades estatales durante períodos de transformación económica, mientras la mayoría de la población quedó excluida.
El académico reconoció que Cuba necesitará vender activos públicos para recuperar una economía en ruinas. Recordó que la confiscación de la propiedad privada no creó una propiedad efectiva de todo el pueblo, sino un patrimonio administrado por una burocracia que utilizó recursos estatales con beneficios clientelares y terminó destruyendo buena parte de la capacidad productiva nacional.
Sin embargo, sostuvo que cualquier proceso de venta debería estar precedido por reformas institucionales y políticas. Cuba necesitaría un mercado de capitales con reglas claras, igualdad de oportunidades, información pública sobre los compradores y procedimientos transparentes para evitar que las operaciones beneficien exclusivamente a personas relacionadas con la estructura gobernante.
Apertura económica sin transformación política
De Miranda cuestionó qué garantías existen para impedir que hijos, nietos, sobrinos y allegados de dirigentes se apropien de los pocos activos que conserva el país. Para reducir ese riesgo, reclamó una transición hacia un Estado democrático de derecho, con separación de poderes, independencia judicial y una contraloría con capacidad real para investigar posibles irregularidades.
Las advertencias aparecen mientras Miguel Díaz-Canel impulsa una agenda que incluye mayor autonomía empresarial, inversión extranjera en negocios privados, importaciones y exportaciones directas, nuevas instituciones financieras y aprovechamiento de activos estatales ociosos. Los economistas consideran que esas transformaciones podrían llegar tarde y generar nuevas desigualdades si el PCC mantiene el control político y administrativo sobre el proceso.
Además de la venta de acciones, el paquete contempla flexibilizar las mipymes, entregar tierras ociosas, atraer capital extranjero, ampliar la energía solar, modificar los subsidios y vincular los precios con el mercado. También propone reformas fiscales, pagos digitales y participación de cubanos residentes en el exterior, aunque sin ofrecer garantías jurídicas independientes para proteger sus inversiones.
Monreal y De Miranda no rechazan la necesidad de transformar la economía ni la venta de determinados activos.
Su cuestionamiento se concentra en quién dirigirá el proceso, cómo se elegirán los compradores y qué mecanismos impedirán el enriquecimiento de una nueva élite. El éxito de las reformas dependerá de controles efectivos, transparencia y cambios políticos que no aparecen en los anuncios del Gobierno.
